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El Ejecutivo autonómico anuncia que explorará todas las vías jurídicas y administrativas para impedir que embarcaciones privadas puedan alquilarse tres meses al año en Baleares.

Mientras Salvem sa Badia denuncia una grave contaminación y más de cien peces muertos, el Ayuntamiento de Sant Antoni minimiza el impacto y lo atribuye a un atasco puntual en la red de saneamiento.