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La organización considera un “avance” la decisión de congelar en 2026 las cuotas a quienes ingresen menos de 1.167 euros al mes, pero reclama mayores derechos laborales y prestaciones para el colectivo, como el derecho a la lactancia y el subsidio de 52 años, con el fin de equiparar su protección a la de los asalariados.