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El Consell Insular cierra la campaña de inspecciones de 2025 con penalizaciones a 29 de los 32 lotes autorizados, con faltas que van desde errores administrativos hasta infracciones muy graves por servicios no autorizados.

El recurso de inconstitucionalidad, promovido por entidades sociales y más de cincuenta diputados, cuestiona la seguridad jurídica, la protección del suelo rústico y la autonomía municipal. El GOB advierte de que, si la ley cae, los consistorios deberán asumir las reclamaciones derivadas de las licencias otorgadas.