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Dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 € para Álvaro García Ortiz por difundir un correo confidencial sobre González Amador.

El recurso de inconstitucionalidad, promovido por entidades sociales y más de cincuenta diputados, cuestiona la seguridad jurídica, la protección del suelo rústico y la autonomía municipal. El GOB advierte de que, si la ley cae, los consistorios deberán asumir las reclamaciones derivadas de las licencias otorgadas.