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Un informe de la Universidad Rovira i Virgili, basado en la experiencia de Cataluña, advierte de que el control de precios reduce la oferta, no abarata las rentas y puede agravar el problema de acceso a la vivienda en el archipiélago.

El Consell sostiene que un reglamento no basta para un freno estructural y sitúa el debate en normas de mayor rango o en la gestión del suelo para reorientar promociones hacia viviendas protegidas. Mientras desliza una moratoria en vivienda libre, el PP aún no concreta la vía legal que implicaría.