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El escrito se limita a los delitos de prevaricación y tráfico de influencias y deja fuera las coacciones y los daños psicológicos a la interventora por el criterio fijado por la Audiencia Provincial.

El Ayuntamiento anuncia que recurrirá la sentencia que avala la demolición y se apoya en la protección patrimonial aprobada en sus normas subsidiarias el año pasado.

El Ejecutivo balear muestra su malestar por la forma de elaboración del plan, reclama poder fijar límites propios en las ayudas al alquiler y confía en que el texto definitivo se apruebe en las próximas semanas.

El Consell sostiene que un reglamento no basta para un freno estructural y sitúa el debate en normas de mayor rango o en la gestión del suelo para reorientar promociones hacia viviendas protegidas. Mientras desliza una moratoria en vivienda libre, el PP aún no concreta la vía legal que implicaría.