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Un informe concluye que la impugnación contra la Autoridad Portuaria de Baleares tenía pocas posibilidades de prosperar y el equipo de gobierno opta por no comprometer más recursos públicos en el litigio.

La Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión para el acusado, quien presuntamente aprovechó los momentos en que la menor dormía en su domicilio para cometer las agresiones.