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La entidad advierte de que la crisis de la vivienda está provocando nuevas formas de exclusión social en la isla, con personas que trabajan pero se ven obligadas a vivir en pisos patera o asentamientos.

El nuevo decreto autonómico refuerza la necesidad de regular estas autorizaciones, aunque el Consell asegura que no tiene previsto implantar un taxi insular de cara a la temporada de estacionales. Taxistas señalan que esta figura debería crearse bajo un reglamento para garantiar seguridad jurídica.

Se trata de «fábricas obsoletas, construcciones que están paralizadas, hoteles abandonados que se podrían convertir en viviendas de precio limitado o viviendas de protección oficial rápidamente”, explica el encargado del estudio. De allí podrían salir cerca de 90 VPL.