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La entidad advierte de que la crisis de la vivienda está provocando nuevas formas de exclusión social en la isla, con personas que trabajan pero se ven obligadas a vivir en pisos patera o asentamientos.

El Govern ha recibido 67 correos de residentes afectados por cancelaciones de vuelos y dificultades para contactar con embajadas, mientras sigue el seguimiento de ciudadanos de las Islas repartidos por varios países.

Se trata de «fábricas obsoletas, construcciones que están paralizadas, hoteles abandonados que se podrían convertir en viviendas de precio limitado o viviendas de protección oficial rápidamente”, explica el encargado del estudio. De allí podrían salir cerca de 90 VPL.