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El Ayuntamiento de Sant Antoni interviene la vivienda tras obtener autorización judicial, poniendo fin a más de una década de acumulación de basura, denuncias vecinales, problemas de salubridad y riesgo de incendio en uno de los casos más graves y conocidos de la isla.

El decreto incluye ayudas, créditos y medidas fiscales mientras el Ejecutivo advierte de una crisis prolongada.

Los delitos aumentaron un 4,7% en 2025 en la isla, con un fuerte repunte de las estafas online y el tráfico de drogas, mientras otros indicadores como los robos en viviendas o de vehículos registran descensos.

Las infracciones penales superan las 13.500 en la isla, con un fuerte repunte de las estafas informáticas y los delitos relacionados con drogas, mientras descienden indicadores como los robos en viviendas y la sustracción de vehículos.

La Policía Local evitó la ocupación de tres inmuebles municipales recién reformados tras una intervención que se prolongó durante toda la noche.