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Tras casi 35 años de servicio, el agente deja la Policía Nacional después de una trayectoria clave en Policía Judicial, Extranjería y Seguridad Ciudadana.

Las esperas se han concentrado en momentos puntuales de la tarde, pese al inicio del primer turno de taxis estacionales de Sant Josep, mientras inspectores del Consell vigilaban la terminal ante la presencia de transporte ilegal.

El acusado reconoce los hechos y acuerda con la Fiscalía una pena de dos años de prisión, que queda suspendida tras indemnizar a la víctima.

La Fiscalía pide tres años de prisión y 33.500 euros de indemnización por un delito de lesiones tras una discusión en 2020.

El presidente del Consell, Óscar Portas, reclama al Estado retirar el decreto de reparto y advierte de una situación “inviable” en la isla.