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Hacer pozos profundos o llevarse conchas de la playa ya no sale gratis. Las nuevas ordenanzas municipales y la Ley de Costas vigilan de cerca estas prácticas para proteger el ecosistema, con multas que varían según la gravedad del daño.

La APB licita la gestión del Área 3 a 25 años, pero los pliegos no contemplan el Área 2 —donde opera actualmente la conexión con Formentera— que el propio Plan Especial prevé integrar en esa misma concesión una vez se trasladen los tráficos.