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Las medidas elevan las multas por captación ilegal hasta 12.000 euros, prohíben estacionar sin contrato previo en puertos y aeropuertos y obligan a las plataformas que asignan viajes a comprobar que los vehículos tienen autorización.

La Junta de Gobierno Local desestimó las alegaciones de la entidad sancionada. La multa equivale al 75% del valor de la edificación, por acreditar un cambio de uso de residencial a turístico sin autorización.