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El Decreto 6/2026 acumula ya al menos seis recursos contencioso-administrativos ante el TSJB en apenas cinco meses de vigencia. Plataformas globales, operadores tradicionales de transfers, asociaciones del taxi y ahora el regulador estatal atacan la norma desde flancos opuestos, mientras dos litigios paralelos marcan ya el terreno en Ibiza.

Durante el Debate de Política General, se ha acordado instar al Govern balear a elevar a diez años el mínimo de residencia en la isla para acceder a una Vivienda de Precio Limitado. La medida es necesaria porque, tal como confirmó la Conselleria de Vivienda a La Voz de Ibiza, para las promociones privadas la ley solo exige cinco años de residencia en Baleares y los ayuntamientos no pueden imponer condiciones más estrictas por sí solos.