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Tras semanas de embrollo administrativo por un error en el envío de la notificación, los adjudicatarios han recibido finalmente el importe del canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Las subidas, que en promedio oscilan entre el 200 y el 300 por ciento, confirman los peores temores del sector. Y los que ya tienen las instalaciones montadas no pueden renunciar: están obligados a pagar.