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El sindicato celebra que la institución reclame al Gobierno la actualización de la indemnización por residencia, pero exige extender la cuantía máxima a toda la plantilla.

El Ejecutivo balear recurrirá el nuevo real decreto estatal al considerar que los criterios utilizados para calcular la capacidad de acogida no están suficientemente justificados y arrojan un resultado «opaco y arbitrario».