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El municipio pierde el marco urbanístico que habilitaba un ámbito específico para vivienda protegida y ordenaba distintos vacíos urbanos y accesos estratégicos, además de que prohibía el alquiler turístico en plurifamiliares. Con esto, regresa a las Normas Subsidiarias de 1986, mientras se redacta un PGOU que puede tardar más de una década.