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Tras el desalojo judicial, el letrado de Paquita Marsan asegura que un antiguo empleado gestionaba el acceso de los ocupantes y les cobraba dinero. Una de las residentes afirma que pagó 700 euros para instalarse en el asentamiento, aunque sostiene que la propietaria conocía lo que ocurría.

Alrededor de diez vehículos policiales y dos de Desokupa se encuentran en el entorno de la finca. El abogado de Paquita Marsan asegura que la mayoría de los ocupantes ya se han marchado y calcula que rehabilitar la propiedad podría costar más de un millón de euros.

La finca de Es Cubells acumula más de una década de conflictos urbanísticos, demoliciones y enfrentamientos judiciales. La ocupación del terreno, los episodios de violencia y la muerte de un hombre en un incendio marcaron los últimos meses antes del operativo previsto para este martes.