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Formentera e Ibiza son las islas más castigadas por la oleada de pateras en Baleares.

Están acusados de reclutar a trabajadores extranjeros, principalmente de origen marroquí, a quienes cobraban entre 15.000 y 22.000 euros por un contrato de trabajo que les permitía entrar y residir en España legalmente.

Quiere que el Gobierno central tenga en cuenta la realidad singular de las Islas Baleares y la «imposibilidad» de asumir nuevos repartos de menores.