The insular plenary agreed to review, replace and reinforce the guardrails of the route, in addition to providing an item in 2026 to carry out all the necessary works.
El pleno insular acuerda revisar, sustituir y reforzar los guardarraíles del trazado, además de prever una partida en 2026 para ejecutar todas las obras necesarias.
La herramienta, con un coste de 12.950 euros, estará operativa en octubre y se complementará con un portal de participación ciudadana en desarrollo.
The APB has detailed to La Voz de Ibiza that a request was sent to the Consell Insular de Formentera to restart the environmental proceedings «without any reply so far».
Desde la APB han detallado a La Voz de Ibiza que se envió requerimiento de reinicio de la tramitación ambiental a Consell Insular de Formentera «sin que se haya producido contestación hasta el momento”
El Consell de Formentera ha aprobado por unanimidad la solicitud urgente a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de un servicio presencial y continuo en la isla tras la petición de finales de 2023
Alejandra Ferrer alerta de que están utilizando una fotografía de su DNI para ofrecer viviendas que no son suyas y pedir fianzas. Ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil.
La institución niega que el estudio de capacidad de carga suponga una propuesta para activar 3.767 nuevas plazas y aclara que el informe todavía no es definitivo. Los miembros de la Comisión de Ordenación y Promoción Turística dispondrán de un mes y medio para presentar observaciones.
El sindicato celebra que la institución reclame al Gobierno la actualización de la indemnización por residencia, pero exige extender la cuantía máxima a toda la plantilla.
Luego de que la Dirección General de Costas informara ayer que «permanecen fuera de la autorización distintos quioscos», lotes que se encuentran dentro de la concesión otorgada al Consell y que enfrentan un expediente de caducidad por una serie de irregularidades, al consellera Verónica Castelló apuntó responsabilidades contra el Govern: «Ha habido un error a la hora de valorar el expediente».
Shinto Suru S.L., la inmobiliaria de Ricardo Urgell Cobos vinculada a la familia fundadora de Pacha, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra una de las dos sanciones urbanísticas —de 583.102,93 euros en conjunto— que le impuso el Consell Insular de Formentera el pasado mes de mayo.
El coordinador del servicio renunció y el Consell no ha podido completar el equipo humano necesario para garantizar su funcionamiento. La consellera Verónica Castelló admite que es «una situación sobrevenida» que impide poner en marcha el servicio con las garantías requeridas.
La institución reconoce que quedan por abonar unos 175.000 euros de las compensaciones de 2025, pero traslada la responsabilidad al Gobierno central, que solo ha transferido el 65% de los fondos previstos y ha cambiado recientemente los requisitos de justificación. Las compensaciones de 2026 tampoco han llegado todavía.
Los niños y adolescentes no podían ser trasladados por falta de documentación ni había espacio para alojarlos en la isla. El presidente Portas advierte: «Si llegan más niños se tendrá que repetir lo de los colchones».
El Reglamento General de Costas establece que la explotación por terceros no puede superar el plazo de la autorización otorgada por Costas, fijado en cuatro años. La adjudicación de 2021, firmada por seis temporadas para las hamacas y sombrillas, supera ese límite legal.
La institución insular presentará alegaciones de forma urgente y recurrirá la decisión de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, que recortó un tercio los servicios de playa. El Consell considera que, recolocando las instalaciones, todos los lotes son viables.
La institución insular muestra su apoyo a la víctima y pide justicia.
La institución extiende hasta el 15 de abril la entrega de documentación mientras persisten las críticas de los amarristas, que denuncian duplicidad de trámites y amenazan con acudir a la vía judicial.
El velero encalló en agosto de 2024 y no fue hasta su desintegración por los temporales cuando comenzaron los trabajos, que se prolongaron hasta marzo.
El organismo insular ha optado por sustituir las notificaciones individuales por una comunicación pública al afectar a más de 500 personas o entidades con amarres en este espacio natural.
El documento de alegaciones revela una defensa centrada en defectos procedimentales y en rechazar que el desmontaje incumplido sea causa suficiente de caducidad.
La institución activó los protocolos del Esquema Nacional de Seguridad tras detectar el acceso no autorizado el 19 de enero y notificó el incidente a la AEPD y a las fuerzas de seguridad
Un informe concluye que la impugnación contra la Autoridad Portuaria de Baleares tenía pocas posibilidades de prosperar y el equipo de gobierno opta por no comprometer más recursos públicos en el litigio.
El sindicato pasa de 9 a 13 delegados en las elecciones de 2026 y sitúa el Plus de Insularidad como prioridad en la nueva etapa.
Los servicios electrónicos y la atención ciudadana ya funcionan con normalidad tras la incidencia de seguridad registrada en los servidores corporativos hace una semana. El origen del ataque aún se investiga.
