Denuncias, parte médico y pagos judiciales confirman que se trata de un conflicto contractual y no de una ocupación ilegal
La presidenta del Govern de las Islas Baleares, Marga Prohens, ha inaugurado este mediodía un espacio clave para el impulso de la innovación en la isla. Sin embargo, el centro todavía no está operativo por falta de algunos servicios.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, serán los encargados de la inauguración.
Uno de los posibles interesados en la única concesión de las dos dársenas anunciadas por la APB dijo que “enchufarle un aparcamiento a una concesión administrativa para encarecer el producto que va a salir al mercado me parece una auténtica bestialidad”.
La normativa, que busca agilizar los desalojos, permitirá tramitar los casos de ocupación ilegal mediante juicios rápidos. Sin embargo, quedan fuera situaciones como la inquiokupación, que seguirá sujeta a procesos más largos.
El Gobierno ha propuesto la creación de una nueva plaza en Ibiza para reforzar el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que a partir de octubre asumirá también los delitos de violencia sexual.
La sentencia, que ha sido notificada este viernes y que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, señala una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante en la parte del relato objetivamente comprobable.
El procedimiento, con un plazo de tres años, permitirá la regularización de edificaciones ilegales si cumplen criterios ambientales y de integración paisajística.
Música, poemas y un monólogo dan cierre a la programación con actividades que promueven la igualdad y el arte femenino en Sant Antoni
Hay quienes se toman la Astrología para predecir el futuro o para describir personalidades según los signos del zodíaco. Pero los planetas ofrecen mucho más para quién pueda interpretarlos y «cuanta más consciencia, más libertad habrá para desplegar esa energía del ser».
La exconsellera insular del PP en Mallorca admite ante el juez un desvío millonario en su etapa como directiva de una empresa privada, y justifica los hechos por un trastorno personal que reconoció semanas después
El actual concesionario fue la única empresa que presentó oferta por la joya de la corona del puerto de Ibiza
La propietaria de Punta Arabí asegura que intentó llegar a acuerdos antes de recurrir a una empresa de desokupación y afirma que el complejo ya está arrendado al grupo hotelero Fergus, que requiere el espacio para alojar a su personal
El Tribunal impone además una multa de 30.000 euros al acusado, que llegó desde Las Vegas en 2021
El aumento del 14,4% en los casos ingresados impide reducir la carga de trabajo de los tribunales.
El Ayuntamiento reclama la aprobación del proyecto y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 2026
A raíz de los hechos de la última semana, más de 300 residentes de la isla se han sumado a un espacio virtual para ayudarse mutuamente ante el fenómeno de la ocupación ilegal.
El presidente del Consell, Óscar Portas, se reúne con el senador Miquel Jerez para abordar las principales necesidades de la isla
El tribunal desestima la demanda por falta de legitimación activa de la entidad
El propietario descubrió la okupación cinco días después de que los intrusos entraran en su vivienda. La Policía no los desalojó en el momento y el caso ha derivado en un escándalo mediático tras la irrupción de un colaborador de los okupas en un periódico local.
Dos jóvenes irrumpieron en Diario de Ibiza exigiendo la retirada de imágenes en las que se les ve cambiando la puerta de la vivienda okupada. La Policía Nacional tuvo que intervenir para desalojarlos.
El propietario presenció cómo varias personas tomaban su vivienda en Sant Antoni, cambiaban la cerradura y se quedaban dentro sin que nadie pudiera impedirlo. La Policía Local acudió al lugar, pero no pudo desalojarlos porque la ley los protege tras varios días de ocupación. ¿Qué dice la normativa y qué pueden hacer los dueños en estos casos?
La Audiencia Provincial de Palma exonera a José Tur y Cristina Ribas del delito de prevaricación al no encontrar pruebas suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia. La empresa denunciante pedía inhabilitación.
La nueva ley obligará a etiquetar todo contenido generado con inteligencia artificial y sancionará su uso para manipulación, suplantación y técnicas subliminales.
El sindicato reclama que la subida también beneficie a funcionarios locales, estatales y empleados de Aena, Correos y Justicia para combatir la falta de personal en las islas.
