El comisario de Interior aclara que la Comisión no tiene poder para intervenir y que decidir sobre los extranjeros que ya viven en el país es una facultad exclusiva del Gobierno de Sánchez.
La Oficina de Extranjería tramita actualmente más de 2.100 expedientes pendientes en Ibiza y Formentera, una cifra que podría aumentar con la nueva regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.
La reforma aprobada por el Consejo de Ministros podría permitir regularizar la situación de más de 10.800 inmigrantes en Baleares al rebajar a cinco meses el requisito de residencia en España. Mientras el Govern, PP y Vox rechazan la medida por su impacto en los servicios públicos, PSOE, Més, Podemos y la Iglesia la defienden como un paso necesario para garantizar derechos y combatir la explotación laboral.
España aprueba la regularización masiva de medio millón de personas sin antecedentes penales. Cuándo entra en vigor la medida, quiénes pueden acogerse al plan de urgencia y qué beneficios otorga el nuevo permiso de residencia.
El delegado del Gobierno defiende que la medida refuerza el mercado laboral y rechaza el “efecto llamada”, frente a un Govern que habla de improvisación y riesgo para la integración.
El Ejecutivo permite presentar solicitudes de regularización extraordinaria desde abril hasta junio y se compromete a resolverlas en tres meses para agilizar la integración laboral
La presidenta del Govern acusa al Gobierno de Sánchez de promover una regularización “irresponsable” en plena crisis migratoria y de vivienda en Baleares.
Fruto del pacto con Podemos, la medida permitirá trabajar legalmente a quienes lleven cinco meses en el país. PP y Vox critican el «efecto llamada» mientras Sumar celebra el «avance en derechos».
La llegada de una patera a Mallorca y la fuga de inmigrantes en una furgoneta gris han puesto el foco sobre las mafias migratorias en las islas. La contundente advertencia de Prohens vuelve a enfrentar al Govern y Formentera con el Gobierno central
El Ejecutivo aprobará este martes una regularización extraordinaria, la primera en dos décadas
Están acusados de reclutar a trabajadores extranjeros, principalmente de origen marroquí, a quienes cobraban entre 15.000 y 22.000 euros por un contrato de trabajo que les permitía entrar y residir en España legalmente.
