Nasarre sostendrá en la jornada del jueves organizada por el Colegio de Arquitectos que el problema de Ibiza no se explica únicamente por el turismo, sino por casi dos décadas de normativa errática tras la crisis financiera, la falta de construcción de vivienda nueva, la compra extranjera sin regulación específica y una Ley de Vivienda que, a su juicio, ha retraído la oferta y ha dejado a muchas familias residentes sin posibilidad real de comprar o alquilar.
Gobierno de España, Govern balear, Consell de Ibiza y Ayuntamiento de Ibiza, cruzados de manos: nimios cambios en las normativas permitirían levantar una planta más y elevar un 60% el número de viviendas en las tres manzanas previstas sin incurrir en costes adicionales en este momento
El Ejecutivo balear elevará de 270.000 a 378.000 euros el precio máximo de la vivienda para acceder a la rebaja del ITP para jóvenes. Los menores de 30 años no pagarán el impuesto y los de 30 a 36 abonarán solo un 4 %, con aplicación especial en zonas tensionadas como Eivissa.
A pesar que el jurado había seleccionado al proyecto ganador en agosto pasado, todavía no se ha hecho público. Esto retrasa la elaboración de los documentos técnicos para la posterior licitación para su construcción de 197 viviendas en la Parcela 9.
La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el Proyecto de Reparcelación el 27 de enero.
Avanzan los trabajos de los 165 pisos previstos en la parcela 8, mientras que el concurso de la Parcela 9 sigue sin resolverse, La construcción de hasta 165 viviendas protegidas cuenta con un plazo de 30 meses.
El PSOE de Ibiza tira la piedra y esconde la mano en el debate sobre las soluciones a la vivienda: presenta una moción y después se niega a explicar su propuesta concreta
Los socialistas vuelven a pedir la dimisión del presidente insular antes de sentarse en el banquillo, mientras el PP acusa a la oposición de montar un “circo mediático” y defiende la gestión del gobierno.
La presidenta de la Asociación de Constructores, Consuelo Antúnez, defiende que la colaboración público-privada y la cesión de suelo público son la vía más rápida para promover vivienda a precios limitados en Ibiza, en un contexto en el que el mercado sigue orientado a promociones de alto standing.
El Consell replica que Ibiza sí cuenta con un reglamento insular pese a las críticas socialistas y subraya que su alcance no permite imponer una reserva de vivienda “solo para residentes”, tal como propuso Elena López en el pasado Pleno. Según la institución, para eso harían falta cambios por ley o actuar sobre el suelo con VPO/VPL.
La iniciativa del PP se debatirá este martes con Vox dispuesto a apoyarla pese al choque político, en un pleno que también abordará vivienda, turismo y sanidad.
La moción insta a “tomar medidas legales necesarias” para limitar la construcción a primera vivienda de residentes, pero el PSOE admite que será el gobierno insular quien deba definir la fórmula jurídica. El encaje con la normativa europea, el control del uso real y el reparto competencial con los ayuntamientos asoman como los primeros retos.
La moción que la agrupación socialista llevará al pleno del viernes pide limitar la nueva construcción a primera residencia de población residente y anuncia que llevará la iniciativa también a los ayuntamientos. Sin embargo, aún no ha concretado un instrumento urbanístico o normativo.
Vicent Ribas vincula su sermón con los datos del informe Foessa, presentado esta semana, y alerta sobre la crisis de la vivienda
El Informe FOESSA alerta de que más de 32.000 personas en la isla sufren exclusión social y señala la crisis de la vivienda como el principal factor de expulsión, en un contexto de alquileres inasumibles, precariedad residencial y falta de respuestas estructurales.
Un mensaje viral en redes sociales reaviva el debate sobre la ocupación ilegal de viviendas y el drama de quienes no pueden recuperar su propio hogar.
Renovació i Futur Formentera aclara su situación organizativa ante la consulta de La Voz de Ibiza y defiende su estrategia de consolidación «con calma y rigor”. Sin embargo, evita identificar a referentes de la formación política en ciernes: “Nuestra voluntad es informar públicamente cuando dispongamos de un equipo bien definido y plenamente organizado”.
Un informe sobre la crisis de la vivienda alerta de que casi tres de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 25 años en Ibiza siguen viviendo con sus familias por la falta de alquileres asequibles, en un contexto de precios que superan los salarios y empujan a muchos a abandonar la isla.
Renovació i Futur Formentera (RIF) se presenta como alternativa a los partidos tradicionales, ni de izquierda ni de derecha, sin desvelar quiénes están detrás ni quién ejercerá de portavoz.
La economista Montserrat Pareja-Eastaway, presidenta de la European Network for Housing Research, analiza la crisis habitacional en Ibiza y Baleares. Advierte que ni el crecimiento urbanístico ni las restricciones son soluciones sostenibles por sí solas y defiende un modelo innovador basado en la colaboración entre administraciones, promotores privados y entidades sociales.
El Consell Insular de Ibiza analiza herramientas para «frenar» la construcción de las viviendas libres. Las VPL, incluidas en la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, establece la posibilidad de crear más oferta residencial asequible con precios máximos de venta y alquiler regulados.
El presidente del Consell aprovecha las entrevistas de fin de año para avivar el debate sobre vivienda para la gente de aquí, sin un plan cerrado y sugiriendo medidas intervencionistas que activan reacciones de ayuntamientos, sectores profesionales y partidos políticos.
El presidente del Consell apuesta por frenar el crecimiento, exigir responsabilidad al tejido empresarial y reforzar la seguridad jurídica para devolver viviendas al mercado del alquiler
El Ejecutivo balear trabaja en un incentivo fiscal dirigido a los propietarios para evitar incrementos de precio en la renovación de contratos de alquiler el próximo año, ante la finalización prevista de unos 24.000 arrendamientos.
El Ministerio de Consumo sanciona a la plataforma con 64 millones de euros por prácticas comerciales desleales, tras detectar más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, con datos falsos o sin información veraz sobre los anfitriones.
