El Consell mallorquín quiere limitar la entrada de vehículos a partir del verano de 2026 y toma como modelo la regulación que entrará en vigor este año en Ibiza, basada en criterios de carga y sostenibilidad.
El encuentro será este miércoles a las 13, en la sede del Consell. Los representantes del colectivo confían en lograr avances que les permitan pernoctar en sus vehículos sin la obligación de reservar plaza en un camping.
Los autocaravanistas intensifican su pulso contra las restricciones del Consell de Ibiza, al que acusan de «criminalizar» su forma de vida, y anuncian una caravana de protesta este jueves.
Así lo han detallado desde la Plataforma de Autocaravanas y Furgonetas Camper (PACA) y la Asociación Caravaning Oasis (ACO). Denuncian que la nueva normativa de limitación de vehículos, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, supone en la práctica una expulsión de quienes residen en estos vehículos. Hoy vuelven a manifestarse frente al Consell.
La institución insular asegura que se mantendrá firme en exigir que quienes quieran vivir en estos vehículos cuenten con reservas de campings oficiales.
Exigen áreas específicas para estacionarse y critican que se los obligue a reservar plazas en campings oficiales. La medida es la primera de tres previstas en busca de ejercer presión y forzar al diálogo.
El Consell activará en junio su plan de limitación al tráfico, y lo hará con la fiscalización de inspectores del Consell y agentes de las Policías locales. Habrá 348 funcionarios para vigilar el tope de 20.168 coches para no residentes.
El Consell de Ibiza se ha reunido con los propietarios de los cinco campings reglados ubicados en los municipios de Sant Antoni y Santa Eulària. El conseller del Departamento de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha defendido el turismo de caravanas «siempre que pernocten en campings reglados, con todos los servicios y garantías sanitarias».
Marta, de 53 años y residente en la isla, vive desde hace un lustro en una furgoneta con su pareja. Asegura que la nueva normativa es “discriminatoria”. Y aclara que la medida perjudica a cientos de personas en el territorio insular: “No somos turistas, somos gente trabajadora y no estamos a favor de asentamientos”.
El colectivo denuncia que la nueva norma que entra en vigor el 1 de junio deja sin alternativa habitacional a unas 1.500 personas. También anuncian una movilización en vehículos por las calles de la isla.
Se imponen penalizaciones por más de 42.000 euros a AEMA Hispánica y se contrata por vía exprés el desbroce de zonas peligrosas.
AEVAB, que agrupa al 80 % de las pymes del sector, ve necesaria la regulación que arranca el 1 de junio y se desprende de Baleval.
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Baleval acusa a firmas ficticias de saturar el sistema de cupos para revender licencias y pide claridad ante la inseguridad jurídica.
La presidenta del Govern también habló sobre el traslado de los residuos a la incineradora de Mallorca. “Estamos muy pendientes» del proceso participativo iniciado por el Consell para adoptar decisiones al respecto.
Ante las declaraciones de representantes de navieras y de rent a car, que ponen en duda la posibilidad de implementar la normativa que inicia en menos de dos meses, la institución insular ha sacado un video en el que busca clarificar cómo funcionará.
El presidente Vicent Marí subraya que la normativa busca soluciones y no culpables; las empresas del sector temen restricciones excesivas.
Feneval alerta que la medida puede generar un desequilibrio en el mercado, y critica que se ha tomado sin datos objetivos.
La naviera redobla su apuesta, pide la suspensión del control de afluencia de vehículos a Ibiza y alerta que la medida no resolverían los problemas de congestión vial. «Los vehículos procedentes del tráfico marítimo representan sólo el 1,5% del total de la isla en verano», argumentaron.
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Baleval advierte sobre inseguridad jurídica y perjuicios económicos para el sector.
Ibifor, la empresa creada por Salinera Española explota activos clave en el Parque Natural de Ses Salines. Solo en 2023 obtuvo más de cuatro millones de euros de beneficio.
La coalición presenta una iniciativa en el Consell para frenar la masificación y el impacto ecológico en la zona protegida.
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El Ayuntamiento negocia con un aparcamiento privado, pero aún se está lejos de una solución definitiva.
