El fallo que obliga a reexaminar 600 licencias en Mallorca cuestiona el uso de ratios fijas para vetar VTC, un criterio históricamente usado en la isla pitiusa. Ibiza acumula decenas de pleitos judiciales vinculadas a este tipo de autorizaciones.
El Ejecutivo llevará al Supremo la sentencia que obliga a reexaminar 600 licencias VTC en Mallorca, después de que el sector del taxi en todas las islas se haya puesto en alerta ante el fallo.
El Ejecutivo estudia si recurrir el fallo o revisar con lupa las 600 solicitudes, mientras acelera su nuevo modelo de límites por isla para evitar una “entrada masiva” de VTC. El taxi se mantiene en alerta.
El TSJIB avala la condena a los dos patrones que pilotaron una patera sobrecargada desde Argelia hasta Formentera, poniendo en riesgo a 14 migrantes, incluidos cuatro menores.
La condenada no podrá acceder al tercer grado hasta cumplir 15 años de cárcel y deberá indemnizar a la viuda y a los hijos del fallecido por los daños y perjuicios.
La sentencia obliga al Govern a valorar de nuevo las 600 licencias sin tener en cuenta el ratio anulado por los tribunales y señala que la moratoria balear no frena estos expedientes, justo cuando se debate el nuevo reglamento autonómico.
ras rubricarse el jueves, el Govern confirma que el pago llegará en dos fases (2026 y 2027) y detalla avances en ratios, orientación, ATE y equiparación salarial que no figuraban en la sentencia del TSJIB.
Solo cuatro colegios concertados de la isla ofrecen grupos con castellano como lengua vehicular, ningún centro público se ha sumado y el Govern sostiene que su modelo ya cumple la ley y las resoluciones judiciales.
El ministerio público detalla que Ábalos, Koldo y Aldama aprovecharon la crisis sanitaria para obtener beneficios económicos en contratos públicos multimillonarios.
Teresa Peramato, especializada en violencia de género y con más de tres décadas de trayectoria, es la propuesta del Gobierno tras la renuncia de Álvaro García Ortiz.
El tribunal impone prisión, multa e indemnización a Sanchís tras años de litigios por la gestión de los ingresos de la colaboradora televisiva.
El profesor condenado por violar repetidamente a una alumna habría creado un perfil en Cuba días antes de su sentencia firme; la Policía lo incluye entre los diez fugitivos más buscados del país
Dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 € para Álvaro García Ortiz por difundir un correo confidencial sobre González Amador.
El recurso de inconstitucionalidad, promovido por entidades sociales y más de cincuenta diputados, cuestiona la seguridad jurídica, la protección del suelo rústico y la autonomía municipal. El GOB advierte de que, si la ley cae, los consistorios deberán asumir las reclamaciones derivadas de las licencias otorgadas.
El Consell presenta alegaciones para frenar la derogación de la Ley de Memoria Democrática y proteger el enclave histórico.
Educación y UGT acuerdan convocar la Mesa de Enseñanza Concertada para fijar el calendario de devolución de los recortes salariales aplicados en 2020 y 2021.
La jueza de Instrucción número 3 admite la querella contra Julio César Martín Gómez, presentada por la empresa Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mare Nostrum . Está acusado de asumir una función reservada por ley a arquitectos o arquitectos técnicos.
El pleno municipal aprueba dos documentos clave para reforzar la respuesta ante situaciones de riesgo. También se aprueban cambios en las plazas de estacionamiento.
El Govern ampliará el programa de apoyo emocional a los últimos cursos de Primaria para detectar antes los casos de acoso y malestar entre el alumnado.
El conocido organizador del Rally y promotor de la candidatura de Valdesoto a Pueblo Ejemplar ha sido condenado por falsedad y apropiación indebida
El CGPJ acusa al Ejecutivo de presentar una norma “llena de insuficiencias” que reduce las garantías y ofrece menos protección que la actual legislación
El último balance del Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirma que la carga de trabajo en los órganos judiciales de la isla continúa en aumento durante el segundo trimestre del año, con más causas en trámite y peores indicadores de resolución.
Los hechos ocurrieron en febrero de 2022. La Fiscalía pedía una pena de 12 años. El condenado deberá pagar 15.000 euros
El alto tribunal considera que no hay “especial urgencia” para suspender el decreto estatal que fija las plazas de acogida de menores migrantes en Baleares.
Toño Sanchís se enfrenta a 3 años y medio de cárcel por apropiarse de más de 300.000 euros de la colaboradora, según la Fiscalía
