El Hotel Casa Victoria Suites, protagonista de un reciente desalojo, fue alquilado al mismo tiempo a dos empresas diferentes en 2016. En el primer semestre de dicho año la propiedad un acuerdo con la mercantil Orange Suites, y en el segundo semestre alcanzó otro acuerdo de alquiler para el mismo inmueble y en el mismo período con Ibiza Global Services, la empresa que lo acabó explotando hasta que fue desalojada hace un par de semanas.
Philip Arnold Brattlof y Joakim Nils Brattlof, los administradores de la sociedad titular del establecimiento, fueron demandados por Orange Suites y sentenciados en primera instancia a pagar una indemnización por incumplimiento de contrato, según la sentencia que obra en poder de La Voz de Ibiza.
La sentencia data del 2021 cuando el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Ibiza falla a favor de Orange Suites y contra Casa Victoria Sociedad Anónima. El conflicto se desarrolló en 2016, con la firma de un contrato que implicaba el alquiler, una futura venta y una serie de inversiones.
Tal como declararon desde la empresa Ibiza Global a La Voz de Ibiza, ese mismo año también comenzó la explotación turística a través de un contrato de alquiler con los dueños del Casa Victoria.
La demanda de Orange Suites
Orange Suites reclamó una cantidad millonaria de dinero por incumplimiento del contrato y solicitó la resolución del mismo, así como una indemnización por daños y perjuicios, basándose en incumplimientos contractuales por parte de Casa Victoria.
El fondo de la cuestión es si el contrato preeliminar firmado entre Orange Suites y Casa Victoria era en realidad un contrato con los mismos efectos legales vinculantes para ambas partes, dados los términos claros y específicos del acuerdo.
La sentencia no da lugar a dudas y el contrato preeliminar era en realidad un contrato al contemplar un acuerdo global que, además, se estaba cumpliendo por parte de Orange Suites, no así por parte de Casa Victoria.
El tribunal resolvió el contrato y condenó a los demandados a pagar una indemnización a Orange Suites Ibiza que, lejos de las reclamaciones, se fijó en 108.144 euros, además de los intereses legales devengados desde la fecha de presentación de la demanda hasta su completo pago.
