El PP está preparando una amnistía para construcciones ilegales. El anuncio de la medida fue suficiente para que el PSOE reaccionara hablando de «urbanismo salvaje del PP». Y tienen razón los socialistas al hablar de urbanismo salvaje del PP, pero también es responsabilidad del PSOE puesto que ambos partidos han gobernado la isla alternativamente, sin que supieran o quisieran dar solución al monstruo que ellos (los dos) habían creado y alimentado.
Es cierto que, desgraciadamente, en la isla el urbanismo llegó después de la construcción y se ha tenido que ordenar y dar servicios a lo que ya estaba construido, pero de eso hace ya muchos años. Ya hace tiempo que tanto el Consell como los ayuntamientos han dispuesto de equipos técnicos, han redactado planes de ordenación y en definitiva se han preocupado de querer ordenar lo existente y por tanto el caos inicial debería haberse resuelto hace tiempo.
En cambio, se han seguido políticas de avestruz en cuanto a muchas ilegalidades, antiguas pero también modernas sea por el motivo que sea. Hoy tenemos la realidad que tenemos, y por ello me parece positivo que se intente dar solución a un problema anacrónico, siempre y cuando, se plantee de forma justa, consensuada entre todos los partidos políticos para que sea definitiva y controlada, para que no se cuelen casos insostenibles ni se indulte a desaprensivos.
No es de recibo que existan multitud de edificaciones fuera de ordenación, pero que, al haber trascurrido un tiempo sin recibir notificación de infracción urbanística, o que esta haya caducado por inacción, no se puedan sancionar, no se puedan derribar y sigan disfrutando de servicios en igualdad de condiciones que quien ha cumplido con todos los trámites, costes y condiciones para su construcción.
Pienso que esta normativa se debería acotar en el tiempo, de forma que, quien, trascurrido el plazo, no haya querido adaptarse a ella , sea ya definitivamente una edificación condenada a desaparecer, sin ninguna posibilidad de actuación posterior, ni reparación y con una fecha de caducidad fija.
También, a partir de ese momento, la Administración debe comprometerse a ser muy rigurosa en la concesión de licencias, y en controlar la realidad de lo que se edifica, es decir, con una red de inspección suficiente.
No se pueden ya repetir errores para luego tener que amnistiarlos.
En cuanto a las edificaciones existentes, es evidente que quien ha construido ilegalmente ha ahorrado tiempo y dinero y eso no se debe premiar. Para ello, se le debe exigir que se ponga en manos de un profesional que elabore un proyecto de Reforma y Adaptación a la Legalidad, donde se refleje TODA la realidad y se plantee la reforma necesaria para intentar ajustarse al máximo a la ordenanza actual de la zona, incluso edificaciones accesorias, piscinas, barbacoas, respeto de linderos etcétera, y que se someta a licencia con sus tasas correspondientes.
Llevo 45 años en Ibiza trabajando en el sector y vistos los antecedentes, no soy optimista al respecto, recuerdo con la ilusión que los técnicos esperamos la aplicación del PTI insular y que solamente resolvió parte de los problemas, creando otros nuevos.
Para afrontar este reto es IMPRESCINDIBLE que los dos partidos mayoritarios utilicen a sus equipos técnicos, esto no es un problema político, y que sean capaces de consensuar las líneas de actuación adecuadas y, después, que los políticos doten a esos equipos de las bases legales para su cometido, pero esto ya parece una carta a los Reyes Magos.
José Manuel Prieto.
Arquitecto técnico. Ex presidente del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Eivissa y Formentera (COAATEF)
