El Juzgado de Instrucción Nº 8 de Palma ha dictado un auto de reapertura del sobreseimiento provisional de la querella presentada por el servicio de prevención de riesgos laborales Mare Nostrum S.L. en la que se pide apartar e investigar a Negueruela y a la anterior cúpula de Trabajo por prácticas mafiosas, tal como avanzó La Voz de Ibiza, en la tramitación de acreditaciones por parte del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Tanto okdiario.com como vozpopuli.com se hicieron eco de la información, al contrario que el resto de medios de Baleares. De momento, ni partidos políticos ni Govern balear se han pronunciado sobre las revelaciones de este medio.
La aportación de nuevas pruebas ha sido clave para esta reapertura de una investigación que afecta directamente en el ex conseller de Trabajo y Turismo del Govern balear, hombre de la máxima confianza de Francina Armengol, secretaria general de los socialistas de Baleares y tercera autoridad del Estado en tanto que presidenta del Congreso de los Diputados, y actual portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de las Islas Baleares.
Negueruela es uno de los involucrados directos en el cobro de sobornos de la mafia de Trabajo, ya que según el correo presentado como prueba «recibirá 25.000 euros», tal como dice Daniel Company del Ibassal.
Inicialmente el caso había sido sobreseído provisionalmente por falta de pruebas suficientes y fue parte del argumento de Negueruela y Castro en su descargo escrito a La Voz de Ibiza.
Sin embargo, tras los nuevos documentos presentados el 27 de mayo y el 10 de junio de 2024 por la empresa querellante y con petición de reapertura de diligencias e insistiendo, mediante, la empresa ibicenca ha llevado al juzgado a reconsiderar la decisión.
Oficio a la Guardia Civil
Estos documentos incluyen correos electrónicos y comunicaciones internas que detallan cómo Daniel Company Oliver, funcionario del IBASSAL, retrasó deliberadamente la tramitación de la acreditación de Mare Nostrum, por lo que el juez ha ordenado un oficio a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (Guardia Civil) a fin de que se «investigue la autenticidad y origen de los correos electrónicos» aportados con el escrito de fecha 27 de mayo, así como las eventuales responsabilidades penales derivadas.
Mare Nostrum se había enfrentado a un muro judicial al que se enfrenta en su lucha contra la trama de Trabajo y había advertido una posible prescripción por la inacción del juez Rotger Cifre y de la letrada Bosch Lozano, acusándolos de demoras injustificadas en el proceso judicial y señalando que la inacción podría facilitar la prescripción de posibles delitos denunciados en la trama de Ia Inspección de Trabajo y el Ibassal.
En mayo, inclusive, ya se había pedido la abstención del magistrado por carencia objetividad e imparcialidad y se preveía una la solicitud de recusación.
Fundamentos de la reapertura
El juez ha considerado que la nueva documentación aportada podría demostrar la perpetración de los delitos denunciados, por lo que ha ordenado la reapertura de la causa. La nueva documentación incluye pruebas sustanciales que indican que altos funcionarios del IBASSAL y de la Inspección de Trabajo, junto con el ex conseller de Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, podrían haber estado involucrados en un esquema de sobornos y manipulación de la tramitación de acreditaciones.
Los correos electrónicos y las comunicaciones internas presentadas revelan un presunto plan para favorecer a la Fundación Laboral de la Construcción y a otra empresa del sector de prevención de la salud laboral, DICONSAL, a cambio de beneficios económicos, comprometiendo la imparcialidad y la legalidad del proceso administrativo.
Estas pruebas señalan que los funcionarios implicados habrían coordinado esfuerzos para asegurar que Mare Nostrum no recibiera la acreditación necesaria, mientras favorecían a entidades competidoras.
La gravedad de estas acusaciones y la consistencia de las pruebas presentadas han sido determinantes para que el juez decidiera reabrir el caso y ordenar la práctica de diligencias adicionales conforme a los artículos 641 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Los correos incriminatorios
El correo más impactante aportado por la empresa en su denuncia data del 20 de noviembre de 2020 y detalla un esquema de soborno en el cual Negueruela recibiría 25.000 euros por su participación en la denegación de la acreditación.
“Iago Negueruela os va a poder dar unas buenas subvenciones. […] IAGO NEGUERUELA 25.000 €,” se lee en el mensaje de Company Oliver. En otro correo del 4 de junio de 2020, Daniel Company Oliver menciona haber hablado con Iago Negueruela, quien habría dado su aprobación para no otorgar la acreditación a Mare Nostrum. “He hablado con el conseller Yago Negueruela y tengo su beneplácito y Rubén el director hace lo que yo digo,” escribió Company Oliver.
Estos correos son solo algunos de los presentados como pruebas. Existen más evidencias en poder de La Voz de Ibiza que implican a otros funcionarios del IBASSAL y de la Inspección de Trabajo, así como a la empresa Diconsal y a la Fundación Laboral de la Construcción, siendo estos mencionados o como receptores de los envíos.
Denuncia a la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude
Asimismo, el 20 de mayo de 2024, Mare Nostrum presentó una denuncia ante la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude del Organismo Autónomo Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde acusa a funcionarios de supuestas irregularidades y conductas delictivas relacionadas con la tramitación del expediente de acreditación de Mare Nostrum.
La empresa busca que se investiguen y sancionen las responsabilidades administrativas y penales correspondientes de Daniel Company Oliver, jefe del Servicio de Salud Laboral del IBASSAL; Rubén Castro Ortega, ex director del IBASSAL; Yolanda Robledo Culebras, ex directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Baleares; José-Carlos Álvarez Toral, director territorial en Baleares de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; Sara Dols Ochoa, inspectora de Trabajo y Seguridad Social en Baleares; y obviamente Iago Negueruela Vázquez, ex conseller de Trabajo y Turismo del Gobierno Balear.
Antecedentes del caso
La causa comenzó con una querella de Mare Nostrum contra varios funcionarios del IBASSAL, incluyendo a Daniel Company Oliver y Rubén Castro Ortega, por supuestas irregularidades en la gestión del expediente SPA 1/19. Este expediente buscaba la acreditación de Mare Nostrum como servicio de prevención ajeno.
Durante la tramitación del expediente, Mare Nostrum alegó haber sufrido demoras injustificadas y la desaparición de documentos cruciales, lo cual, según la empresa, beneficiaba a la competidora Diagnóstico y Control de Salud Laboral S.L. (DICONSAL). Entre las pruebas presentadas se encuentran correos electrónicos y otros documentos que sugieren una conspiración para denegar la acreditación a Mare Nostrum y favorecer a DICONSAL.
