El Consell de Ibiza ha precisado este domingo que parte de la información difundida por Pacma sobre la situación del centro de protección animal Can Dog está “desactualizada” y puede llevar a “conclusiones erróneas”.
El partido animalista presentó una denuncia ante varias instituciones —la Delegación del Gobierno en Baleares, la Subdelegación del Gobierno en Ibiza y el Juzgado de Instrucción de Guardia— alertando de la presunta continuidad de la actividad en el centro, clausurado de manera cautelar el pasado 23 de octubre. Según su versión, unos 22 perros continuarían en las instalaciones pese a la orden de cierre y al plazo fijado para su vaciado.
Ante esta denuncia, el Consell ha aclarado que, aunque inicialmente se otorgó un plazo para retirar a todos los perros tras la desinscripción de Can Dog como núcleo zoológico, el responsable del centro presentó una planificación para gestionar casos específicos: animales cuyos propietarios estaban fuera de la isla o necesitaban más tiempo para adecuar sus domicilios o buscar alternativas. Esa planificación incluía pruebas de contacto con los dueños de los perros.
Tras valorar esta documentación, la institución insular decidió conceder un plazo adicional para completar la retirada progresiva, un plazo que —según recalca— todavía no ha vencido, si bien lo hará en los próximos días.
El Consell subraya que tanto su servicio de Veterinaria como el Seprona han realizado un seguimiento constante de los animales desde el inicio del proceso. La última inspección veterinaria se llevó a cabo este pasado viernes, y la institución señala que las visitas continúan para verificar la situación y el cumplimiento de las medidas impuestas.
Asimismo, recuerda que en la finca existen perros propiedad del titular del centro que no forman parte del procedimiento de desalojo, ya que no son animales usuarios de los servicios de Can Dog.
La denuncia de Pacma
Pacma, por su parte, sostiene que ha recibido avisos vecinales y testimonios que apuntarían a actividad en el recinto incompatible con la clausura decretada, motivo por el que solicitó medidas cautelares urgentes, incluida la retirada judicial de los animales.
Mientras la denuncia del partido animalista sigue su curso, el Consell insiste en que el proceso administrativo continúa activo, supervisado y dentro de los plazos autorizados, y que actuará una vez finalice la planificación aprobada para garantizar el cumplimiento íntegro de la clausura cautelar.
