El reciente decreto de simplificación administrativa aprobado por el Govern de Baleares, que incluye la legalización de viviendas en suelo rústico, no será objeto de recurso por parte del Gobierno de España.
A pesar de las objeciones y críticas lanzadas por el PSOE y otros colectivos, el Ministerio de Política Territorial ha comunicado que no encuentra elementos en el decreto que puedan considerarse inconstitucionales, según informó Última Hora.
El decreto, que ha generado un intenso debate político y social, permite la legalización de ciertas edificaciones en suelo rústico, una medida que ha sido defendida por el Govern como necesaria para regularizar situaciones urbanísticas anómalas y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios. Sin embargo, algunas voces, incluyendo las del PSOE, han cuestionado su encaje en el marco constitucional.
El Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial, ha emitido un informe en el que señala que, aunque no se oponen a la legalización de las viviendas en suelo rústico, sí solicitan que se incorporen ciertas excepciones adicionales. Específicamente, han pedido que no se legalicen aquellas viviendas ubicadas en zonas verdes o espacios libres en suelo urbano y urbanizable. Sin embargo, han aclarado que esta solicitud no afecta al núcleo del decreto, que sigue centrado en edificaciones en suelo rústico.
El conseller de Territorio del Govern, José Luis Mateo, ha afirmado que esta objeción no tendrá un impacto significativo en la aplicación del decreto, ya que el ámbito de aplicación del mismo se circunscribe exclusivamente al suelo rústico. Mateo también ha señalado que, en caso de ser necesario, se realizarán modificaciones puntuales a través de enmiendas durante el trámite parlamentario del decreto como ley.
Por otro lado, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha instado al Govern a sentarse y negociar las discrepancias surgidas, pero ha subrayado que no existe, por el momento, ninguna razón para considerar que el decreto vulnera la Constitución.
Crítica del PSOE
Mientras tanto, el PSOE ha manifestado su disposición a presentar un recurso de inconstitucionalidad, si fuera necesario, a través del apoyo de 50 diputados en el Congreso. Además, el GOB, entidad ecologista, ha expresado sus dudas sobre la legalidad del decreto y ha solicitado al ministro que intervenga en este asunto.
El futuro del decreto está ahora en manos del Parlament balear, donde se espera que tanto el PP como Vox presenten enmiendas para modificar ciertos aspectos del texto original. El Govern ha indicado que analizará cada propuesta con detenimiento antes de tomar una decisión final.
