El Tribunal Supremo celebrará este jueves en Madrid una audiencia preliminar para escuchar las alegaciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, antes del inicio del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. En esta vista, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), las defensas podrán exponer cuestiones previas ante el alto tribunal.
La comparecencia se enmarca en lo dispuesto en el artículo 785 de la LECrim, que establece que en este trámite “se requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor”, por lo que los tres procesados deberán estar presentes en sede judicial. Ábalos y Koldo García, que permanecen en prisión provisional desde el 27 de noviembre, serán trasladados desde el centro penitenciario de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid.
El Supremo ya rechazó, mediante providencia, la petición del exministro y de su exasesor para intervenir por videoconferencia desde prisión, alegando problemas médicos. El tribunal consideró que la ley exige su presencia física, aunque en la vista solo intervengan formalmente sus abogados, quienes sostienen que sus defendidos son inocentes y reclaman su puesta en libertad.
Hasta 30 años de cárcel
En esta audiencia preliminar, las partes podrán exponer “lo que estimen oportuno” antes del juicio, incluyendo aspectos relativos a la posible conformidad de los acusados, la competencia del órgano judicial, la eventual vulneración de derechos fundamentales o la existencia de causas de nulidad o suspensión del juicio oral. También podrán plantear cuestiones sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas.
Asimismo, la ley permite proponer la incorporación de informes, certificaciones u otros documentos, así como solicitar la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de presentar sus escritos de acusación o defensa. Tras la vista, el tribunal examinará las pruebas planteadas y resolverá sobre su admisión, decisión que podrá adoptar de forma oral o por escrito si la complejidad del asunto lo requiere.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Víctor de Aldama, cuya petición es inferior al aplicársele la atenuante de confesión tras reconocer los delitos que se le atribuyen. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición hasta los 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, y mantienen la misma pena que el Ministerio Público para el empresario.
Anticorrupción atribuye a Ábalos y a Koldo García presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. En el caso de Aldama, el Ministerio Público le imputa los tres primeros delitos y le aplica la atenuante de confesión.
