Nada más estrenar el año 2026, muchos ciudadanos españoles beneficiarios de pensiones contributivas han visto un ajuste en sus prestaciones que afecta también, de manera directa, a quienes perciben pensiones por incapacidad permanente en todos sus grados: total, absoluta o gran invalidez. Este cambio forma parte del Real Decreto‑ley 16/2025, que fija una revalorización del 2,7 % con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación registrada entre finales de 2024 y finales de 2025.
En este contexto, más de un millón de personas en España dependen de una pensión de incapacidad permanente en sus distintos grados, una cifra que revela la importancia social de estos ajustes y la necesidad de comprender qué implica cada uno de ellos para los ingresos de los beneficiarios.
Por qué suben las pensiones
El incremento aplicado este año está directamente vinculado al IPC interanual medio entre finales de 2024 y finales de 2025. Con este mecanismo de actualización automática, el Gobierno pretende garantizar la estabilidad del sistema público y asegurar que los ciudadanos no pierdan poder adquisitivo ante las fluctuaciones económicas del país.
Este aumento del 2,7 % se aplica a todas las pensiones contributivas reconocidas, incluidas las de incapacidad permanente, y se traduce en un incremento medio de unos 32,7 euros mensuales para los perceptores dentro de este grupo. Aunque esta cifra puede parecer moderada en términos absolutos, representa una ayuda significativa frente al incremento de los costes asociados a la vida diaria.
Pensión máxima: cuánto se puede cobrar en 2026
Las pensiones más altas del sistema también han experimentado un ajuste superior al incremento general. Para los beneficiarios que se encuentran en el tramo superior de cotización, la pensión máxima del sistema ha quedado en 3.359,60 euros mensuales para 2026.
Este tope, que equivale a 47.034,4 euros anuales, se ha calculado aplicando el IPC más un 0,115 % adicional según lo establecido por la normativa vigente. El porcentaje final que resulta de esta suma (2,815 % para las cuantías máximas) refleja un esfuerzo por mantener la competitividad de las pensiones más altas frente al coste de vida actual.
Incapacidad permanente total: cifras y claves
La incapacidad permanente total se concede a quienes no pueden realizar su profesión habitual pero sí podrían desarrollar otro tipo de trabajo compatible con sus capacidades. En 2026, la pensión media para este grado se proyecta en 1.037,73 euros mensuales.
Este importe corresponde generalmente al 55 % de la base reguladora, aunque este porcentaje puede elevarse hasta el 75 % para mayores de 55 años que no desempeñan ninguna actividad laboral. Este aumento tiene un impacto directo en la estabilidad económica de quienes han visto reducida su capacidad de trabajo.
Además de la media, las cuantías mínimas también han subido este año. Un ejemplo de ello es que para un titular de incapacidad permanente total de 65 años sin cónyuge a cargo, la pensión mínima se sitúa en 936,20 euros mensuales.
Incapacidad absoluta y gran invalidez: ajustes de referencia
Los grados más severos de incapacidad también han experimentado revalorizaciones este ejercicio.
La incapacidad permanente absoluta, que se concede a quienes no pueden realizar ninguna actividad laboral, sitúa su pensión media en 1.520,25 euros al mes en 2026.
La gran invalidez, reconocida a quienes requieren asistencia de terceros para actos básicos de la vida diaria, alcanza una media de 2.583,15 euros mensuales. Estos importes reflejan la necesidad de cubrir costes adicionales derivados de la dependencia y de servicios de apoyo personal continuo.
Complementos adicionales: gran invalidez y brecha de género
El sistema de pensiones español incluye también complementos económicos que pueden aumentar la prestación base.
Uno de los más relevantes es el complemento de gran invalidez, que tiene como objetivo compensar los gastos personales de cuidado y no puede ser inferior al 45 % de la base reguladora del beneficiario. Este complemento es especialmente significativo porque, al igual que el destinado a reducir la brecha de género, es una de las pocas excepciones legales que permiten superar el tope máximo de pensión establecido por la Seguridad Social.
El complemento para la brecha de género, en 2026, se sitúa en 36,90 euros mensuales por cada hijo, con un máximo de cuatro. Está diseñado para apoyar a quienes vieron perjudicada su carrera de cotización tras la maternidad o paternidad, y, en algunos casos, puede incrementar de forma notable el ingreso total percibido por los beneficiarios.
Subidas en las pensiones mínimas y el suelo financiero
Además de los ajustes generales, las pensiones mínimas han experimentado subidas más notables para proteger a los sectores más vulnerables. Mientras que las pensiones contributivas han subido un 2,7 %, las pensiones mínimas han aumentado en algunos casos hasta un 11,4 %, especialmente en situaciones como jubilación con cónyuge a cargo o viudedad con cargas.
Para la incapacidad permanente, el incremento de las cuantías mínimas suele superar el 7 %, con el objetivo de acercar estas prestaciones a un nivel de subsistencia digno acorde con la realidad económica actual.
Una herramienta clave en este escenario es el complemento a mínimos, que actúa como un suelo financiero para quienes no alcanzan con sus cotizaciones personales el importe mínimo exigido por ley. Este mecanismo cubre la diferencia entre lo generado por el trabajador y el mínimo legal anual, similar a un ingreso mínimo dentro del sistema de pensiones.
Límites de ingresos y compatibilidad laboral
El mantenimiento del complemento a mínimos en 2026 está sujeto al cumplimiento de límites estrictos de ingresos anuales adicionales. Para pensionistas sin cónyuge a cargo, el límite de rentas se ha fijado en 9.442 euros anuales, mientras que para quienes tienen cónyuge a cargo el tope asciende a 11.013 euros.
Si un beneficiario supera estas cifras mediante rendimientos de trabajo o capital, la Seguridad Social retirará el complemento, reduciendo la prestación al monto contributivo original e incluso reclamando devoluciones por cobros indebidos si no se comunica el cambio de situación.
Un aspecto ventajoso de las pensiones contributivas de incapacidad es que, dependiendo siempre del grado reconocido, pueden ser compatibles con ciertas actividades laborales. Esto permite que bajo supervisión, los beneficiarios obtengan rendimientos que complementen su pensión sin perder la prestación, siempre que el trabajo sea compatible con sus limitaciones.
