La llamada nueva ayuda por hijo de 2.400 euros al año está más cerca de convertirse en realidad. El Gobierno de España ha dado un paso clave al incluir la prestación universal por crianza dentro de la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, con el objetivo de que todas las familias con menores a cargo puedan recibir 200 euros mensuales por cada hijo hasta los 18 años.
Se trata de una medida de amplio alcance que busca combatir la pobreza infantil y la desigualdad social en un país donde casi uno de cada tres menores vive bajo el umbral de pobreza. Aunque todavía no hay una fecha cerrada de entrada en vigor, el Ejecutivo asegura que quiere sacarla adelante “cuanto antes”.
¿En qué consiste la nueva ayuda por hijo?
La propuesta contempla una prestación universal de 200 euros al mes por cada hijo o hija menor de 18 años. En términos anuales, supone 2.400 euros por menor, una cuantía que podría representar un importante refuerzo económico para millones de hogares.
El objetivo es que la ayuda llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo, aunque el Ministerio de Derechos Sociales ha reconocido que la implantación podría ser gradual.
La medida ha sido incluida entre las 100 metas aprobadas por el Consejo de Ministros dentro de la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. La iniciativa parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El ministro Pablo Bustinduy ha defendido públicamente la urgencia de su aprobación. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, aseguró que confía en que la prestación por crianza «vea la luz cuanto antes» y sostuvo que «su impacto será extraordinario y extraordinariamente positivo para la democracia española».
Por qué el Gobierno impulsa esta prestación
España, pese a ser la cuarta economía de la Unión Europea, presenta una de las tasas de pobreza infantil más elevadas del entorno comunitario. Según los datos aportados, aproximadamente uno de cada tres menores vive por debajo del umbral de pobreza (29,2%), frente al 19,3% de la media de la UE.
El riesgo de pobreza o exclusión social entre menores (indicador AROPE) alcanza el 34,6%, frente al 24,2% en la Unión Europea.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales se explica que el objetivo es reforzar «el Estado de Bienestar» con acciones dirigidas a «reducir la pobreza y la desigualdad, e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos». Además, el Gobierno destaca que incluye «por primera vez en una estrategia estatal» la prestación universal por crianza como «un derecho» que permitiría «acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030».
El impacto estimado: más de medio millón de menores podrían salir de la pobreza
El estudio “El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil”, presentado por UNICEF en noviembre de 2025, ofrece una estimación concreta del impacto que tendría esta medida.
Según el informe, la pobreza infantil en España podría reducirse 7,1 puntos porcentuales si se aplica la prestación universal por crianza de 200 euros mensuales. Esto supondría sacar de la pobreza a más de 530.000 niños y niñas.
Incluso con una ayuda de 100 euros al mes, el estudio señala que se podría sacar de la pobreza a 270.000 menores.
¿Entrará en vigor en 2026?
El calendario político es uno de los principales interrogantes. El Ministerio de Derechos Sociales reconoce que el tiempo apremia, pero mantiene la intención de impulsar la medida.
La vía prioritaria sería incluir la prestación en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, la situación política complica la aprobación de nuevas cuentas públicas.
Además, el Ministerio de Hacienda tiene un papel clave. María Jesús Montero se ha mostrado prudente respecto a la reforma de prestaciones vinculadas a la pobreza infantil. En noviembre afirmó: «Mi opinión es que para reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos que en este momento hemos puesto en marcha». Y añadió: «En cualquier caso, si hay que mejorar en una sola prestación, habría que hacer una refundación de todos estos complementos en alguna otra prestación, se llamara como se llamara».
Estas declaraciones reflejan una diferencia de enfoque respecto a la postura de Bustinduy, que defiende un ingreso directo para las familias y evita que la ayuda se canalice exclusivamente a través de la declaración de la renta, un sistema que podría dejar fuera a los hogares más vulnerables por su complejidad administrativa.
No obstante, se estudia un mecanismo fiscal corrector para que los hogares con mayor renta devuelvan parte de la ayuda vía impuestos.
Si la vía presupuestaria fracasa, el Ejecutivo contempla aprobar la medida mediante real decreto, apelando a la urgencia social. Esta fórmula ya ha sido utilizada anteriormente para medidas económicas de gran impacto.
Compatibilidad con otras ayudas
La nueva ayuda universal por crianza se podrá compatibilizar con otras ayudas estatales y autonómicas. Esto implica que las familias podrían sumar esta prestación a otros apoyos existentes, incrementando el respaldo económico mensual.
Cómo se financiaría la medida
Entre las opciones planteadas para financiar la prestación figura la posibilidad de establecer un impuesto del 2% a las grandes fortunas con patrimonios superiores a 100 millones de euros.
Tras una reunión en París con el economista Gabriel Zucman, el ministro Bustinduy señaló esta posibilidad. Según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea citadas por Derechos Sociales, este mecanismo permitiría recaudar hasta 5.200 millones de euros.
Requisitos previstos
La ayuda está diseñada como universal, lo que significa que estaría dirigida a todas las familias con hijos menores de 18 años. No obstante, aún no se han detallado oficialmente los requisitos administrativos concretos ni el procedimiento de solicitud.
Lo que sí se ha confirmado es la intención de que la prestación alcance al total de familias con menores a cargo y que su implantación podría realizarse de forma progresiva.
La nueva ayuda por hijo de 2.400 euros anuales se perfila como una de las medidas sociales más ambiciosas del actual Gobierno de coalición. Su aprobación definitiva dependerá de los acuerdos políticos y del encaje presupuestario en los próximos meses. Mientras tanto, millones de familias esperan conocer si esta prestación universal verá finalmente la luz en 2026.
