El Gobierno ha activado un amplio paquete de medidas para contener el impacto económico derivado de la guerra de Irán. Tras días de negociación, el Consejo de Ministros extraordinario ha dado luz verde a un plan de choque que movilizará 5.000 millones de euros con el objetivo de frenar la escalada de precios.
El conjunto de actuaciones incluye una batería de 80 medidas centradas en aliviar el coste de la energía, proteger a los sectores más vulnerables y reforzar el control sobre las empresas en un contexto de incertidumbre internacional.
Un plan dividido en dos decretos
El Ejecutivo ha optado por estructurar este plan en dos reales decretos, una decisión que responde a la necesidad de integrar distintas sensibilidades dentro del Gobierno de coalición.
Según lo acordado, uno de los textos tendrá un carácter más inmediato, enfocado en el impacto energético del conflicto, mientras que el otro incluirá medidas de mayor alcance, especialmente relacionadas con cuestiones sociales como la vivienda.
Este reparto se ha producido tras la negativa de Sumar a participar en el acuerdo sin la incorporación de medidas sociales, lo que obligó a rediseñar el planteamiento inicial.
Rebaja del IVA y de impuestos energéticos
Uno de los pilares del plan es la reducción de la carga fiscal sobre la energía. El Gobierno ha aprobado una bajada del IVA de la luz, el gas y los carburantes del 21% al 10%.
Además, se reducirá al mínimo el impuesto especial de la electricidad, que pasará al 5%, y se aplicará un recorte en el impuesto al valor de la producción eléctrica, actualmente situado en el 7%. Estas medidas buscan amortiguar el impacto directo que el encarecimiento energético tiene sobre hogares y empresas.
Ahorro en combustible y ayudas directas
El plan también contempla actuaciones específicas sobre los carburantes, uno de los sectores más afectados por la tensión en Oriente Próximo. Se reducirá el impuesto especial de hidrocarburos, lo que permitirá un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro, equivalente a unos 20 euros por repostaje en un vehículo medio.
Además, el Ejecutivo recupera la ayuda directa de 20 céntimos por litro aplicada anteriormente durante la guerra de Ucrania, aunque en esta ocasión estará limitada a sectores especialmente expuestos. Entre los beneficiarios se encuentran transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores, colectivos clave para contener el impacto en la cesta de la compra.
Protección a hogares vulnerables
El plan de choque incorpora también medidas sociales destinadas a proteger a los consumidores más vulnerables frente al incremento de los precios energéticos. Entre ellas, destaca la prohibición de cortes de suministro para estos hogares, así como la ampliación de los descuentos del Bono Social Eléctrico hasta final de año.
Asimismo, se incrementará de forma significativa la ayuda por beneficiario del Bono Social Térmico, con el objetivo de paliar el impacto de la subida del gas.
Estas actuaciones recuperan parte del llamado escudo social que el Gobierno había intentado prorrogar en el Congreso sin éxito en ocasiones anteriores.
Un plan con vocación de consenso
La aprobación del plan en el Congreso se perfila como un paso clave en los próximos días. Desde el entorno del Ejecutivo se reconoce la importancia de lograr respaldo parlamentario en un contexto de crisis internacional.
Fuentes cercanas a Moncloa advierten de que no sacar adelante este decreto supondría un golpe en un momento especialmente delicado.
En este proceso, han jugado un papel relevante la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro de Economía,
