El Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta para subir el sueldo a los funcionarios hasta el año 2028, con el objetivo de que no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Así lo ha planteado el Ministerio de Función Pública en la reunión mantenida este miércoles con los principales sindicatos del sector público (CSIF, UGT y CC OO), donde se abordó el marco de negociación que afectará a 3,5 millones de empleados públicos.
La propuesta del Ejecutivo contempla un incremento plurianual que incluiría un componente fijo y otro variable, siguiendo el modelo ya aplicado en el acuerdo vigente entre 2022 y 2024. Aunque todavía no se han concretado las cifras, el Ministerio ha garantizado que los salarios crecerán al menos tanto como los precios, para evitar que los trabajadores públicos vean reducida su capacidad de compra.
Una subida ligada al IPC y al crecimiento económico
En un comunicado posterior al encuentro, Función Pública explicó que el objetivo del nuevo acuerdo es “establecer un marco plurianual que incluya incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable, de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo”.
Este modelo es similar al del acuerdo de 2022-2024, en el que una parte de la subida salarial se vinculó al Índice de Precios al Consumo (IPC) y otra a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). En su último dato interanual, el IPC marcó un aumento del 3,1%, lo que da margen al Ejecutivo para plantear subidas equivalentes.
Fuentes de la negociación señalan que Función Pública está pendiente de conocer el margen presupuestario que otorgue el Ministerio de Hacienda, antes de poder concretar las cifras definitivas. La próxima reunión entre ambas partes se celebrará el 19 de noviembre, fecha en la que se espera que el Gobierno aporte ya una propuesta económica detallada.
Los sindicatos reclaman que 2025 no sea “un año en blanco”
Pese a que las centrales sindicales valoraron el inicio del diálogo, insistieron en que no puede haber una congelación salarial en 2025, año que quedaría entre el fin del acuerdo anterior y el inicio del nuevo pacto.
“En el bloque salarial pensábamos que hoy podría haber algo, pero nos han dicho que no están en disposición de dar unos dígitos. Lo que hemos dejado claro todas las organizaciones sindicales es que el año 2025 tiene que tener bien diferenciada la subida salarial. No puede quedar como un año de congelación”, afirmó Isabel Araque, representante de UGT.
El anterior acuerdo salarial para los funcionarios, firmado por UGT y CC OO pero no por CSIF, contemplaba subidas entre 2022 y 2024, con aumentos vinculados al IPC y a la evolución de la economía. Cumplido ese marco, los sindicatos reclaman una continuidad inmediata para que los trabajadores públicos no vean interrumpido el incremento de sus retribuciones.
Araque subrayó además que la mesa de negociación se estructura en tres bloques principales: salarios, empleo y derechos laborales. “La primera reunión no ha estado mal”, reconoció, aunque insistió en que “la concreción numérica es imprescindible”.
CC OO acusa al Gobierno de llegar “tarde” a la negociación
Desde CC OO, el sindicalista Lucho Palazzo lamentó que el Gobierno haya demorado el inicio de las conversaciones, escudándose en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
“El Gobierno llega tarde a esta negociación”, advirtió Palazzo. “Con los datos económicos que tiene este país, con el Ejecutivo diciendo que vamos como un tiro, no es de recibo que tengamos a 3,5 millones de empleados públicos con el salario congelado”.
El sindicalista insistió en que la negociación salarial debe independizarse del calendario presupuestario, especialmente ante la incertidumbre política que dificulta la aprobación de los nuevos Presupuestos. “No podemos depender del bloqueo parlamentario. Los empleados públicos no deben pagar el precio de la parálisis política”, sostuvo.
CSIF pide mejoras laborales y efecto retroactivo para 2025
Por su parte, Francisco Lama, representante del sindicato CSIF, valoró positivamente el inicio de las negociaciones, aunque expresó su preocupación por la falta de cifras concretas en esta primera reunión.
“Exigimos mejoras en jubilación, jornada laboral o teletrabajo. Y queremos que el acuerdo tenga efectos retroactivos aplicables a todo 2025”, señaló Lama.
CSIF, que no firmó el anterior acuerdo salarial al considerarlo insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, mantiene ahora una postura de prudencia. Sin embargo, el sindicato advierte que podría convocar movilizaciones si el Gobierno no concreta pronto su oferta.
“No queremos que los funcionarios sigan siendo los grandes olvidados de la Administración. Su esfuerzo durante la pandemia y en los servicios públicos esenciales merece un reconocimiento real, no solo palabras”, insistió Lama.
Un plan más allá del salario: derechos y organización
El Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, ha avanzado que el futuro pacto con las centrales sindicales no se limitará a las cuestiones salariales.
“El acuerdo que quiere alcanzar Función Pública contempla además un conjunto de mejoras organizativas y medidas para avanzar en la consolidación de derechos de los empleados públicos”, señaló el departamento en un comunicado.
Entre los puntos que podrían abordarse están la flexibilidad laboral, el teletrabajo, la reducción de jornada y la mejora de los sistemas de evaluación del desempeño.
Un acuerdo clave para más de tres millones de empleados públicos
En total, la negociación afectará a unos 3,5 millones de trabajadores públicos, incluyendo tanto a empleados de la Administración General del Estado como a los de comunidades autónomas y entidades locales.
El Ejecutivo busca que el pacto sea plurianual (2026-2028) y que garantice estabilidad en las retribuciones en un contexto económico aún incierto. Para los sindicatos, sin embargo, el acuerdo debe incluir también el año 2025 y reflejar un compromiso real de mantenimiento del poder adquisitivo.
