Una operación inmobiliaria que parecía una oportunidad se ha convertido en un conflicto judicial de largo recorrido. Un madrileño, que prefiere mantenerse en el anonimato bajo el nombre ficticio de Manuel Jiménez, compró en 2024 un chalé independiente en el término municipal de Las Rozas sabiendo que estaba ocupado. Hoy, más de un año después, sigue sin poder entrar en la que es su casa en propiedad, mientras vive de alquiler junto a su mujer y su hija de un año.
La vivienda, de 486 metros cuadrados construidos y 1.780 de parcela con piscina, fue adquirida por unos 700.000 euros, una cifra que, según relata el propietario en conversación con ABC, estaba “más razonable” y por debajo del valor actual de mercado. Sin embargo, el inmueble estaba habitado y la salida de sus ocupantes se ha convertido en una disputa que combina procedimientos civiles y penales.
Una compra en subasta y una ocupación conocida
Jiménez accedió a la compra tras el contacto de sus abogados con una sociedad que había obtenido la titularidad de la casa en una subasta de Hacienda. Se trataba de un activo embargado por deudas con la Agencia Tributaria y que permanecía ocupado en el momento de la adquisición.
“El vendedor siempre me fue honesto”, asegura Manuel. “Me contó todo el lío judicial y me dijo que se iba a resolver rápido”. Sin embargo, el conflicto no ha sido sencillo ni breve.
Sobre la ocupante y su pareja pesa actualmente una denuncia por usurpación. Además, según explica Ángel Sánchez, letrado y socio de Golden Partners, despacho especializado en el sector inmobiliario, se prepara otra por chantaje y estafa procesal por una presunta simulación, manipulación y presentación de contratos de alquiler con el objetivo de frenar el desahucio.
La identidad de la ocupante
El caso adquiere una dimensión mediática por la identidad de quien reside en el inmueble. En la vivienda vive A. P. —con nombre artístico P. P.—, actriz e hija de la fallecida Marisa Porcel, popularmente conocida por formar parte del dúo Pepa y Avelino en la serie ‘Escenas de Matrimonio’, producida por José Luis Moreno.
Se trata, además, de la casa donde residió la actriz hasta su muerte en 2018. El inmueble formaba parte de la sociedad Akaster Level S. L., que madre e hija compartieron hasta el fallecimiento de Marisa Porcel y de la que ahora figura como administradora única su descendiente.
En el momento del fallecimiento, la sociedad acumulaba una deuda con la Agencia Tributaria de 1,42 millones de euros y apareció en la lista de morosos de Hacienda. En la actualidad, según consta, sigue figurando en esa lista con un adeudo de 866.684 euros. ABC no ha podido confirmar si A. P. aceptó formalmente la herencia.
Lo que sí está acreditado es que parte de los bienes de la sociedad fueron subastados por Hacienda, entre ellos la vivienda en cuestión, lo que redujo la deuda inicial.
Los contratos de alquiler cuestionados
Desde la resolución de la subasta, según el abogado del propietario, la actriz y su pareja han intentado frenar el procedimiento de desahucio mediante la presentación de contratos de alquiler.
En octubre de 2023 aportaron un supuesto contrato en el que A. P. arrendaba a su pareja una habitación y el garaje sin contraprestación económica, a cambio únicamente de labores de mantenimiento. Para el letrado, aquello “no tenía ningún sentido” y constituía una presunta simulación contractual antieconómica que la administración no aceptó, al tratarse solo de una parte del total de la vivienda.
Posteriormente, en 2025, se presentó un anexo presuntamente predatado del contrato, esta vez referido a toda la vivienda y fechado en 2021. Sin embargo, la solicitud de tanteo y retracto se produjo en 2023, lo que, según el jurista, evidenciaba inconsistencias. De ahí que se esté preparando una denuncia por estafa procesal, al considerar que esos documentos habrían sido confeccionados para generar un derecho inexistente sobre un arrendamiento presuntamente inexistente.
La vía extrajudicial y la exigencia de 300.000 euros
Ante la lentitud de los juzgados, el propietario trató de alcanzar un acuerdo económico con los ocupantes para abandonar la vivienda. Llegó a ofrecer 20.000 euros a la pareja de A. P., quien, según Manuel, ha sido quien ha respondido en todo momento.
La respuesta, enviada por mensaje de WhatsApp y a la que ha tenido acceso ABC, fue clara: “Mire, yo no tengo ni la necesidad ni la más mínima urgencia de dejar la casa. Solo el coste de sacar los 12 vehículos que tengo en los garajes me cuesta más de los 20.000 euros que usted me ofrece. Mi cantidad para resolver el contrato en vigor sería de 300.000 euros (…) es mi primera y única oferta”.
Ese mensaje es uno de los elementos que más indignación genera en el propietario, quien continúa pagando un alquiler mientras no puede disponer de su vivienda.
Doce coches y un helicóptero
Según relata Jiménez, en el garaje del chalé se pueden observar varios coches de colección y hasta un helicóptero, visibles en imágenes de Google Maps. La pareja de A. P. habría atribuido esas pertenencias a su profesión como restaurador de vehículos.
Mientras tanto, la actriz mantiene actividad profesional como dobladora de Sarah Jessica Parker y colabora ocasionalmente en programas de Radio Nacional de España. “La escuchas dando lecciones de humanismo y de civismo cuando está de okupa y tiene a una familia fuera de su casa y chantajeando 300.000 euros”, lamenta el propietario.
La postura de la defensa
Los abogados de A. P., del despacho Letradox, han remitido un comunicado en el que, sin negar la ocupación denunciada, aseguran “no tener constancia” de ninguna “acción penal ni denuncia policial interpuesta contra nuestra representada”. Sin embargo, esa afirmación contrasta con la documentación comprobada por ABC.
El conflicto continúa en los tribunales, mientras el propietario espera recuperar la posesión de su vivienda y la actriz y su pareja mantienen su residencia en el inmueble, en un caso que combina deuda tributaria, subastas públicas y procedimientos judiciales aún en marcha.
