La venta de un Goya perteneciente a la familia Ramírez de Haro se ha convertido, más de una década después, en un quebradero de cabeza judicial para Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre. Un juez de Madrid le ha condenado a pagar 853.732 euros a su hermano Íñigo por la parte que le correspondía del precio obtenido tras la venta del lienzo Retrato de Valentín Belvís de Moncada, adquirido por el empresario Juan Miguel Villar Mir en 2012 por 5,8 millones de euros.
La sentencia, adelantada por eldiario.es y recogida por EFE, detalla cómo esta venta se acordó entre los hermanos para resolver los graves problemas económicos del primogénito, conde de Bornos, cuya deuda ascendía a 7 millones de euros. Para ello, cinco de los hermanos Ramírez de Haro se reunieron en 2012 y pactaron desprenderse de la obra de Francisco de Goya, una pieza histórica de gran valor.
El acuerdo firmado: “jurídicamente válido y eficaz”
El juez considera probado que el marido de Aguirre se comprometió por escrito, el 9 de enero de 2014, a entregar a cada uno de sus cuatro hermanos, y a la hija del hermano ya fallecido, la parte proporcional del dinero obtenido por la venta del cuadro. Un compromiso que, de acuerdo con la resolución, es “jurídicamente válido y eficaz”, pese a que estaba supeditado a la disponibilidad económica de Fernando Ramírez de Haro y no fijaba un plazo concreto.
Ese matiz ha sido clave. Aunque la defensa alegó que no se había estipulado fecha para el pago, el magistrado cita el artículo 1128 del Código Civil, que permite al juez determinar plazos cuando estos no se han fijado. En consecuencia, la deuda es exigible.
El magistrado resume así la situación: “La ausencia de establecimiento de un plazo temporal y de los medios de acreditación de la disponibilidad económica, no impide la exigibilidad de la deuda”, ya que ha pasado un tiempo “prudencial” y ha habido “propuestas diversas para hacerla efectiva”.
Además de la cantidad principal , el juez condena al marido de Aguirre al pago de intereses de demora, que se fijarán en fase de ejecución.
Tres reclamaciones por correo y una querella archivada
A pesar del acuerdo escrito, Fernando Ramírez de Haro nunca pagó. Su hermano Íñigo le reclamó la deuda hasta en tres ocasiones por correo electrónico en 2019. Al no obtener respuesta satisfactoria, presentó una querella penal en 2020, en la que le acusaba de múltiples delitos: falsedad documental, estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes, administración desleal, blanqueo de capitales y delito societario.
Aquel procedimiento penal terminó archivado en 2023. Sin embargo, el procedimiento civil —el que ahora nos ocupa— ha seguido adelante hasta desembocar en esta sentencia, que todavía puede ser recurrida.
Una controversia que venía de lejos
El conflicto familiar alrededor del cuadro no se limita al impago. Íñigo Ramírez de Haro acusó en su día a su hermano de haberse “apropiado del cuadro, que pertenecía a la familia, y no tributó por ello”. También cuestionó que la venta se produjera cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid y sin que la obra estuviera declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
De hecho, la Fiscalía llegó a pedir que se investigara si el marido de Aguirre había defraudado dinero a Hacienda con esta operación, aunque la causa se archivó sin consecuencias penales.
Paradójicamente, un mes después del archivo, en marzo de 2023, la Comunidad de Madrid sí declaró el cuadro como BIC, otorgándole el máximo nivel de protección por tratarse de “un buen ejemplo de los retratos del pintor aragonés de finales del siglo XVIII”.
El trasfondo económico y emocional del caso
El origen de esta disputa tiene un marcado componente familiar. El cuadro se vendió para hacer frente a la deuda millonaria del hermano mayor, pero el reparto pactado del dinero nunca llegó a materializarse. Eso ha alimentado tensiones internas y ha desembocado en una batalla legal que combina elementos de confianza, patrimonio familiar y compromisos no cumplidos.
El juez deja claro que ha pasado suficiente tiempo como para considerar que la falta de pago ya no puede justificarse bajo el paraguas de “esperar a tener disponibilidad económica”.
La sentencia supone, por tanto, un duro revés judicial para Fernando Ramírez de Haro, así como el cierre de un capítulo que ha acumulado años de tensiones y que aún podría prolongarse si se presenta recurso.
