Tras semanas de reuniones tensas, propuestas rechazadas y reajustes de última hora, el Ministerio de Función Pública y los sindicatos han cerrado un acuerdo histórico que permitirá a más de tres millones y medio de empleados públicos recuperar parte del terreno perdido en los últimos años. La subida acumulada será del 11,4%, un incremento que se desplegará de forma progresiva entre 2025 y 2028 y que pondrá fin a la congelación salarial vigente desde 2024.
La negociación no fue sencilla. La última sesión del pasado lunes estuvo marcada por la división sindical: CSIF rechazó inicialmente la propuesta del 11%, mientras que CCOO decidió continuar las conversaciones al considerarla insuficiente frente al desgaste provocado por la inflación. UGT fue el único sindicato que dio luz verde desde el primer momento, tras un pequeño ajuste que incrementó la oferta del 10% al 11% en apenas 24 horas, lo que permitió desbloquear la negociación.
Un acuerdo que cierra años de congelación salarial
Finalmente, la presión sindical llevó al Ejecutivo a elevar la mejora hasta el 11,4%. Con ello se compensa parte del poder adquisitivo perdido y se establece un esquema de aplicación gradual. Según el acuerdo, a partir de diciembre de 2025 se abonará una paga con los atrasos del año, equivalente a un 2,5%. En enero de 2026, las nóminas subirán un 4%, a lo que se añadirá un 0,5% variable vinculado al IPC, que se pagará en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.
En enero de 2027, la subida será del 4,5%, mientras que en enero de 2028 se aplicará el incremento final del 2%. Con esta arquitectura salarial, los funcionarios recuperarán un 2,9% del poder adquisitivo perdido en los últimos años.
¿Cómo quedan los sueldos por grupos? Subidas de más de 3.800 euros
Los empleados del subgrupo A1 serán los mayores beneficiados: su salario pasará de 33.952 a 37.818 euros en 2028, gracias a un incremento superior a 3.860 euros anuales. El grupo B también vivirá una subida significativa, cercana a 3.447 euros, situando su salario en torno a 33.590 euros.
Los grupos C1 y C2 registrarán mejoras más moderadas pero igualmente relevantes: el C1 alcanzará aproximadamente 31.393 euros y el C2 quedará cerca de 29.214 euros anuales.
De esta manera, la Administración consolida una estructura salarial revisada y adaptada al coste de la vida actual, revalorizando perfiles que durante años han sufrido una fuerte presión inflacionaria.
CSIF justifica su adhesión: “responsabilidad y compromiso”
Después de mostrarse inicialmente contrario a la propuesta, CSIF confirmó que suscribe el acuerdo “por una cuestión de responsabilidad y compromiso con las y los empleados públicos”. El sindicato sostiene que “hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN”.
La firma supone un cierre de filas sindical poco habitual, teniendo en cuenta el desgaste acumulado por años de sueldos congelados y plantillas tensionadas.
Más allá del sueldo: estabilización, movilidad e igualdad
El acuerdo no se limita a la cuestión salarial. La firma incluye medidas estructurales para modernizar la Administración y mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Entre ellas destacan:
- El refuerzo de plantillas para reducir la temporalidad.
- La agilización de los procesos selectivos.
- La mejora de la promoción interna y la movilidad.
- La revisión de complementos, permisos y condiciones de jubilación.
- Nuevas medidas de igualdad y conciliación.
- Un impulso a la salud laboral y la calidad del Mutualismo Administrativo.
La rúbrica definitiva del acuerdo está prevista para hoy, y marcará un punto de inflexión en la política retributiva de la Administración después de años de contención, inflación elevada y tensiones sindicales.
Un nuevo escenario salarial hasta 2028
Con un incremento del 11,4% consolidado a lo largo de cuatro años, los funcionarios pasarán a tener sueldos situados entre los 28.200 y los 37.800 euros, según el grupo profesional. La medida busca estabilizar a un colectivo que sostiene el funcionamiento diario del Estado, desde docentes y sanitarios hasta administrativos, ingenieros o inspectores.
Con este acuerdo, Gobierno y sindicatos cierran una etapa marcada por la inflación y la falta de actualización salarial, y abren un calendario de mejoras que impactará directamente en millones de hogares españoles.
