La tensión política en el Ayuntamiento de Serranillos del Valle ha escalado en las últimas semanas, situando en el centro del debate la gestión del alcalde, Rubén Fernández Díaz, del partido local Transparencia y Democracia (TDS). La oposición, encabezada por el Partido Popular, denuncia un clima de confrontación constante en los plenos municipales, con medidas que, aseguran, limitan la intervención de los concejales.
Las críticas se centran en sanciones económicas, advertencias reiteradas y amenazas de expulsión con intervención policial, elementos que, según la oposición, se repiten de forma sistemática durante el desarrollo de las sesiones plenarias.
Multas en los plenos y cambios en el reglamento municipal
El origen del conflicto se sitúa en 2024, cuando el Gobierno municipal modificó el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), introduciendo un sistema de sanciones económicas en los plenos.
Entre las medidas aprobadas destacan multas de 200 euros por interrumpir sin turno de palabra y de 500 euros por insultos, ofensas o faltas de respeto, un cambio que ha generado un fuerte rechazo en la oposición.
Desde el Partido Popular consideran que estas medidas son “nulo de pleno derecho” y denuncian que restringen la actividad política y el debate institucional. En este sentido, el portavoz popular, Juan Quintana, ya advirtió: “Estas modificaciones propuestas no solo son restrictivas y coartan nuestra libertad, sino que además, otorgan al alcalde poderes casi dictatoriales. Se nos quiere hacer creer que es aceptable que una sola persona, desde su posición de poder, decida arbitrariamente lo que está bien y lo que está mal, lo justo y lo injusto, sin espacio para el diálogo o el debate”.
Un pleno marcado por sanciones y amenazas
El último episodio tuvo lugar en el pleno celebrado el pasado jueves, donde, según el PP, se reprodujo una dinámica habitual de tensión.
Durante la intervención del portavoz popular, el alcalde le llamó al orden al considerar que se desviaba del tema. Quintana respondió: «No, no me estoy desviando», defendiendo que estaba abordando decretos y actas.
La situación escaló rápidamente cuando el concejal preguntó: «¿Usted lo que quiere ya es multarme?». La respuesta del alcalde fue inmediata: «Tiene usted la sanción de 200 euros, se la ha ganado usted».
El momento de mayor tensión llegó tras la reacción de Quintana, que exclamó «¡Esto es una dictadura!», lo que derivó en una advertencia de expulsión y en la posibilidad de requerir la presencia policial.
El alcalde justificó su actuación asegurando: «Me ha interrumpido en diversas ocasiones, le he dado tres avisos y el ROM contempla que después puedo echarle del pleno».
Amenazas de expulsión en plena intervención
Uno de los aspectos más controvertidos del episodio es que, según la oposición, las sanciones y advertencias se produjeron mientras el concejal estaba en uso de la palabra.
Tras un intercambio tenso, el alcalde concedió una última oportunidad al portavoz del PP, aunque con una advertencia explícita: «a la próxima vez que me interrumpa -a pesar de que era Quintana quien estaba en uso de la palabra-, se va fuera del pleno».
Finalmente, Quintana pudo continuar su intervención, en la que criticó la falta de detalle en las actas municipales, afirmando: «El acta no recoge ni el debate ni las distintas posturas a la hora de acordar los acuerdos, tendremos que adoptar medidas que sean necesarias para que las actas se redacten como en todos los Ayuntamientos».
Una situación que la oposición califica de “constante”
Desde el Partido Popular sostienen que estos hechos no son aislados, sino que responden a una “práctica constante” durante toda la legislatura.
Según la formación, existe una dinámica basada en censura, limitación de intervenciones y uso de sanciones económicas como herramienta de presión, lo que, a su juicio, dificulta la labor de control al Ejecutivo local.
Este contexto ha convertido los plenos en espacios de confrontación recurrente, donde las diferencias políticas se trasladan a un plano institucional cada vez más tenso.
Dudas sobre la gestión económica del Ayuntamiento
A la tensión política se suman las críticas sobre la gestión económica municipal, con referencias a informes de la interventora que apuntan a posibles irregularidades.
La oposición señala la existencia de 450.098 euros en gastos con reparo y 310.639 euros sin fiscalización previa, dentro de un presupuesto anual de aproximadamente cinco millones y medio de euros.
Según el PP, estos datos evidencian “irregularidades graves y una alarmante falta de control en la gestión del dinero público”, lo que ha motivado la solicitud de un plan económico financiero por parte de Hacienda.
Investigaciones abiertas sobre el equipo de Gobierno
El escenario político se complica aún más por las investigaciones judiciales en curso que afectan al alcalde y a su antecesor, Iván Fernández Heras, ambos vinculados al mismo partido.
Los dos deberán declarar como investigados el próximo mes por una presunta prevaricación en la contratación de un carril ciclista y un paseo peatonal, lo que añade presión al contexto institucional.
Además, el Gobierno municipal está bajo el foco por la adjudicación del servicio de seguridad privada de las Fiestas Patronales de agosto de 2025.
Según la oposición, la empresa adjudicataria, NCS Seguridad S.L., no cumplía los requisitos legales, al presentar certificados negativos de Hacienda y de la Seguridad Social, lo que impediría su contratación con la Administración.
Un clima político cada vez más tenso
El conjunto de estos factores configura un escenario de creciente tensión en el Ayuntamiento de Serranillos del Valle, donde los plenos se han convertido en el principal foco de conflicto.
Las denuncias de la oposición, las sanciones económicas, las dudas sobre la gestión financiera y las investigaciones judiciales dibujan un contexto complejo en la vida política municipal.
En este entorno, la evolución de los acontecimientos dependerá tanto de las decisiones políticas como del desarrollo de los procesos judiciales, en un municipio donde la tensión institucional continúa en aumento.
