El spam telefónico tiene ya su primera consecuencia legal en España. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto la primera multa de 5.000 euros a una empresa por realizar una llamada comercial a un particular que estaba inscrito en la Lista Robinson, el registro gratuito para no recibir publicidad no deseada.
El caso afecta a Adverbis Spain, S.L., una agencia de marketing digital que el 27 de julio de 2023, apenas un mes después de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, realizó una llamada sin consentimiento a un usuario protegido por este registro.
Una ley que protege al consumidor
La Ley General de Telecomunicaciones, actualizada en 2022 y vigente desde el 29 de junio de 2023, marca un antes y un después en la lucha contra el spam telefónico. La norma establece de manera explícita que:
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Ninguna empresa puede hacer llamadas comerciales sin consentimiento previo.
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Solo se permiten excepciones si el usuario ha autorizado expresamente esas comunicaciones o si ha sido cliente de la empresa en el último año.
Con esta modificación legal, se cierra la puerta a una práctica que afectaba a millones de consumidores. Las sanciones pueden llegar hasta dos millones de euros, en función del volumen de negocio y la gravedad de la infracción.
Detalles de la sanción a Adverbis Spain, S.L.
La AEPD resolvió la denuncia presentada por la persona afectada imponiendo una sanción de 5.000 euros a Adverbis Spain, S.L.. La cuantía fue considerada proporcional, ya que la empresa es de pequeño tamaño; de tratarse de una compañía de mayor envergadura, la multa habría sido mucho más elevada.
Aunque pueda parecer una cantidad modesta, se trata de un precedente fundamental que marca el inicio de la aplicación efectiva de la norma en España.
Cómo denunciar el spam telefónico en España
Ante situaciones similares, cualquier usuario puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. La entidad dispone de un procedimiento sencillo y gratuito para denunciar llamadas no deseadas:
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Entrar en la sede electrónica de la AEPD.
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Acceder al formulario web específico para denuncias de llamadas comerciales no deseadas.
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Presentar la reclamación online de forma directa y sin coste.
Este mecanismo refuerza la protección de los consumidores, permitiéndoles actuar contra las prácticas abusivas de las empresas que incumplen la ley.
El papel de la Lista Robinson
La Lista Robinson es un servicio gratuito que permite a los ciudadanos excluir sus datos de campañas publicitarias. Estar inscrito en ella significa que cualquier empresa que contacte sin consentimiento estará incurriendo en una infracción sancionable.
En el caso de Adverbis Spain, S.L., la persona afectada estaba registrada en esta lista, lo que reforzó el carácter de la sanción. Este sistema, gestionado por la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), constituye una herramienta clave para reducir el volumen de publicidad invasiva.
Impacto de la sanción y futuro del sector
La primera multa por spam telefónico en España marca un hito en la protección del consumidor. Aunque los 5.000 euros puedan parecer una cifra reducida, el mensaje es claro: las empresas que incumplan la ley se exponen a sanciones cada vez más severas.
Las grandes compañías de telemarketing y marketing digital deberán adaptar sus estrategias para ajustarse a la legislación, centrando sus esfuerzos en el consentimiento explícito de los usuarios y en la gestión responsable de los datos personales.
La AEPD ha advertido que continuará vigilando estas prácticas y que las sanciones futuras podrán ser mucho más elevadas en función del tamaño de las empresas y la reiteración de las conductas.
Un precedente que cambia las reglas
El caso de Adverbis Spain, S.L. es ya un precedente histórico: por primera vez, se ha sancionado con multa económica el incumplimiento de la normativa contra el spam telefónico en España.
La entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones no solo supone un refuerzo legal, sino también un cambio cultural: los consumidores tienen más herramientas para defenderse y las empresas deben replantear cómo se relacionan con sus clientes potenciales.
Con esta sanción, queda claro que llamar sin consentimiento a usuarios inscritos en la Lista Robinson tiene consecuencias legales, y que las multas pueden crecer en el futuro hasta cifras millonarias.
