El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vuelve a situarse en el centro del debate social y económico en España tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) para elevarlo un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone 17.094 euros brutos anuales. La medida, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, beneficiará a cerca de dos millones de personas trabajadoras, especialmente a jóvenes, mujeres y empleados de. sectores con salarios más bajos.
El pacto, sin embargo, no ha contado con el respaldo de las patronales CEOE y Cepyme, que han mostrado un rechazo frontal a la subida y a los cambios normativos asociados. El acuerdo vuelve a evidenciar la fractura entre sindicatos y organizaciones empresariales en torno al modelo salarial y al papel del diálogo social.
Una subida del 3,1% con efectos inmediatos
El incremento pactado supone 37 euros más al mes para quienes cobran el salario mínimo, lo que se traduce en unos 518 euros adicionales al año. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confirmó que la subida se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero y que el objetivo del Gobierno es que el aumento llegue íntegramente a los bolsillos de los trabajadores.
Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es que el SMI no tributará en el IRPF, una decisión que busca evitar que el aumento salarial quede neutralizado por la carga fiscal. Esta exención, calificada como excepcional, pretende reforzar el impacto real de la subida en la renta disponible de los trabajadores con menores ingresos.
El fin de la absorción y compensación de complementos
Más allá de la cuantía, el acuerdo introduce un cambio normativo relevante: el Gobierno se ha comprometido a reformar el decreto del SMI para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos ni compensados por la subida del salario mínimo. Según explicó Pérez Rey, esta modificación se hará mediante un real decreto y no requerirá aprobación parlamentaria.
El secretario de Estado fue claro al respecto: “No es posible que esta subida se pierda por el camino y no llegue a los bolsillos”, defendiendo que existen fundamentos jurídicos suficientes para avanzar en este sentido. El Ejecutivo considera que esta reforma es clave para garantizar que la mejora salarial tenga un efecto real, especialmente en los convenios donde los salarios base están muy próximos al SMI.
A quién beneficia la subida del SMI
Según las estimaciones de CCOO, basadas en los datos de la Encuesta de Población Activa, la subida del SMI alcanzará al 9,3% de la población asalariada a jornada completa, lo que equivale a 1,47 millones de personas, a las que se suman unas 250.000 trabajadoras y trabajadores a tiempo parcial. En total, 1,71 millones de personas se beneficiarán directamente de la medida.
Los sindicatos subrayan que el impacto será especialmente relevante en colectivos vulnerables, como mujeres, jóvenes y personas empleadas en sectores como la agricultura o los servicios con menor nivel salarial. El aumento del SMI también refuerza el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones europeas.
El papel de los sindicatos en el acuerdo
Desde Comisiones Obreras, su secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas, Javier Pacheco, valoró positivamente el acuerdo y destacó el gesto de responsabilidad del cierre de la negociación: “Lo que está encima de la mesa es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras que menos ganan en este país”.
Pacheco también fue muy crítico con la actitud de la patronal, calificando de “insulto a la inteligencia” poner trabas a una subida del 3,1% para los salarios más bajos, y recordó que en los convenios colectivos las subidas medias pactadas han sido del 3,52%.
Por su parte, desde UGT, el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, lamentó el deterioro del diálogo social en los últimos días y reconoció que, aunque el incremento final es inferior al 7,5% planteado inicialmente por los sindicatos, supone un paso importante para equiparar el SMI con los estándares europeos.
El rechazo frontal de la patronal
La CEOE ha mostrado un rechazo contundente al acuerdo, al que califica de “trampa”, argumentando que el Gobierno y los sindicatos pretenden modificar las reglas de compensación y absorción “saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva”. Según la patronal, la subida del SMI “asfixiará” a numerosas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas.
En la misma línea, el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, calificó la subida de “desproporcionada”, al superar la inflación media del 2,7% en 2025, y criticó el desarrollo de la negociación: “Tres meses perdiendo el tiempo con una subida que parece que estaba diseñada”.
Impacto económico y social del nuevo SMI
Los sindicatos defienden que seguir incrementando el SMI tiene un efecto positivo demostrado en el consumo, el empleo y la economía en general. Argumentan que mejorar los salarios más bajos impulsa la demanda interna y contribuye a reducir la desigualdad salarial.
Además, destacan que el aumento del salario mínimo es una herramienta clave para mejorar las condiciones de vida de millones de personas trabajadoras, especialmente en un contexto de encarecimiento del coste de la vida. Medidas como esta, junto con otras de carácter social, refuerzan —según los sindicatos— el valor del diálogo social como instrumento para avanzar en derechos laborales.
Un acuerdo con efectos retroactivos y recorrido político
La aplicación retroactiva desde el 1 de enero supone que las personas beneficiarias percibirán los atrasos correspondientes una vez que el real decreto entre en vigor. El Gobierno confía en que el respaldo del conjunto del Ejecutivo permita sacar adelante la norma sin obstáculos, aunque Pérez Rey evitó anticiparse al pronunciamiento del Consejo de Estado.
Mientras tanto, el debate sobre el SMI vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre salarios, productividad y competitividad empresarial. La subida pactada consolida la senda de incrementos iniciada en los últimos años y refuerza el compromiso del Ejecutivo con una política de “buenos salarios”, como defendió el propio Pérez Rey.
Qué cambia a partir de ahora
Con este acuerdo, el salario mínimo en España da un nuevo paso al alza, no solo en términos de cuantía, sino también en su protección legal frente a prácticas de compensación. El impacto real se medirá en los próximos meses, tanto en los bolsillos de los trabajadores como en la respuesta del tejido empresarial.
Lo que es seguro es que el SMI vuelve a marcar la agenda social, reabriendo un debate que trasciende lo económico y que conecta con el modelo de relaciones laborales, la negociación colectiva y el reparto de la riqueza en España.
