La Audiencia Nacional ha tomado una decisión relevante en relación con la denuncia presentada contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido en la provincia de Córdoba y en el que fallecieron 46 personas.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado no admitir a trámite la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia, al considerar que este tribunal carece de competencia para investigar los hechos denunciados.
La decisión llega después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronunciara también en contra de la admisión de la denuncia. El magistrado ha seguido el criterio del Ministerio Público y ha concluido que la investigación no corresponde a este órgano judicial.
La Audiencia Nacional rechaza la denuncia contra Óscar Puente
En un auto recogido por Europa Press, el juez Antonio Piña explica que la denuncia no puede tramitarse en la Audiencia Nacional porque el tribunal no tiene competencia para investigar los delitos que se le atribuyen al ministro.
La denuncia señalaba a Óscar Puente por la supuesta comisión de varios delitos relacionados con el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, entre ellos homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación. Sin embargo, el magistrado ha sido claro al justificar su decisión. En su resolución afirma que la denuncia no puede ser admitida “al no concurrir en este órgano judicial competencia objetiva para su tramitación”.
El juez añade además que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para investigar delitos contra la vida cometidos por imprudencia, salvo en supuestos concretos establecidos por la normativa. “La Audiencia Nacional no tiene competencia para el conocimiento de los delitos contra la vida cometidos por imprudencia, salvo en los casos específicos que regula la normativa”, explica el magistrado en el auto.
El papel de la Fiscalía en la decisión del tribunal
Antes de tomar la decisión definitiva, el juez solicitó la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la competencia del tribunal para investigar los hechos denunciados. El Ministerio Público informó en contra de la admisión de la denuncia. Tras conocer ese posicionamiento, el magistrado analizó el caso y finalmente concluyó que la Audiencia Nacional no podía asumir la investigación.
La denuncia había sido presentada por la Asociación Libertad y Justicia, que apuntaba a la posible responsabilidad penal del ministro y de otras personas en relación con el siniestro ferroviario. La organización sostenía que los hechos podían constituir delitos graves vinculados al accidente. No obstante, el tribunal ha determinado que la cuestión debe abordarse en otro ámbito judicial.
El argumento del juez sobre la supuesta organización criminal
En su resolución, el magistrado también aborda uno de los argumentos utilizados en la denuncia para intentar atribuir la competencia a la Audiencia Nacional. La denuncia planteaba la posibilidad de que existiera una organización criminal vinculada a los hechos, lo que podría justificar la intervención de este tribunal.
Sin embargo, el juez descarta esta hipótesis y considera que no existe ningún indicio que la respalde. “Considerar, aunque sea de forma meramente supuesta, la existencia de una organización criminal, carece de amparo indiciario alguno”, señala el magistrado.
El auto añade además que esta interpretación parece responder más a un intento de atribuir competencia a la Audiencia Nacional que a una realidad sustentada en pruebas. Según el juez, dicha argumentación “más parece un artificio destinado a atribuir ficticiamente la competencia a un órgano al que no le corresponde”.
La investigación ya está en manos de un juzgado de Córdoba
Otro de los elementos clave en la decisión judicial es la existencia de una investigación ya abierta en otro órgano judicial. El magistrado recuerda que el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ha iniciado un procedimiento penal relacionado con el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Ese juzgado es, por tanto, el que tiene competencia para continuar con la investigación.
El juez Antonio Piña explica que una vez que un órgano judicial asume la instrucción de un caso, otro tribunal no puede intervenir salvo que se produzca una cesión formal de la competencia. “La apertura de un procedimiento penal en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) determina la competencia de ese juzgado para mantener la competencia sobre el desarrollo de la investigación”, recoge el auto.
Además, añade que ningún otro juzgado puede interferir en la investigación mientras esa competencia no sea transferida de forma oficial.
La Audiencia Nacional descarta asumir el caso
La resolución concluye de forma tajante que no existe base legal para trasladar la investigación a la Audiencia Nacional. El magistrado considera que no se cumplen los requisitos necesarios para que este tribunal asuma el caso. “Derivar esa competencia inicial a la Audiencia Nacional no es admisible al no concurrir ninguno de los requisitos de competencia objetiva de este tribunal”, afirma el juez.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional se aparta de la investigación relacionada con el accidente ferroviario de Adamuz y deja claro que el procedimiento debe continuar en los juzgados ordinarios competentes.
Un caso que sigue bajo investigación judicial
Aunque la Audiencia Nacional ha rechazado tramitar la denuncia contra Óscar Puente, el caso del siniestro ferroviario de Adamuz continúa bajo investigación judicial. El procedimiento abierto en el juzgado de Montoro será el encargado de analizar los hechos, determinar las posibles responsabilidades y esclarecer las circunstancias del accidente.
El auto de la Audiencia Nacional no entra a valorar el fondo de las acusaciones formuladas en la denuncia, sino que se limita a pronunciarse sobre la competencia del tribunal. De esta manera, la investigación seguirá su curso en los órganos judiciales correspondientes, mientras se intenta esclarecer lo ocurrido en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en la zona.
