El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), referente internacional en la lucha contra el cáncer, afronta uno de los mayores escándalos de su historia tras conocerse una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto robo de 25 millones de euros a lo largo de 18 años. La información, adelantada por El Mundo, sostiene que parte de la estructura administrativa del centro habría permitido una cadena sostenida de sobrecostes, servicios ficticios y adjudicaciones irregulares.
El denunciante, un alto directivo que entre 2022 y 2025 ocupó cargos como director de Compras y director de Operaciones, ha remitido un documento de 120 páginas, respaldado por el jefe de Cumplimiento Normativo y cuatro técnicos, en el que aporta cerca de 500 pruebas, entre contratos, correos electrónicos y audios. La denuncia llega además en un momento especialmente delicado: hace apenas un año, el CNIO vivió una fuerte crisis interna que terminó con la destitución de su directora científica, María Blasco, y del gerente, Juan Arroyo. Ahora, el nombre de este último vuelve a aparecer señalado en el epicentro del caso.
Un historial de irregularidades que dibuja un “torrente de microcorrupción”
La querella presentada el 27 de junio de 2025 describe un entramado de prácticas sistemáticas que presuntamente permitieron el desvío de millones de euros destinados a investigación oncológica. Se habla de un “torrente de microcorrupción” en el que habrían participado empresas vinculadas personal o profesionalmente a antiguos directivos, beneficiándose durante años de contratos inflados, pagos fraccionados prohibidos y servicios inexistentes.
El denunciante asegura que, al implantar nuevos controles de gasto, comenzaron a detectarse “cosas sospechosas”, lo que derivó —según su relato— en “presiones expresas del gerente” para seguir adjudicando contratos a determinadas compañías. También relata episodios de tensión en los que se produjeron “gritos” por cuestionar contratos que consideraba irregulares. Tanto él como otros responsables fueron destituidos el 31 de agosto de 2025, poco antes del relevo de dirección impulsado por el Ministerio de Ciencia.
Gedosol, Zeus y Alaos: tres empresas señaladas en la denuncia
Uno de los nombres más relevantes es Gedosol SL, creada en 2007 por la pareja del exjefe de Personal del CNIO. Durante casi dos décadas, esta empresa fue el único cliente de la compañía y llegó a facturar 15,1 millones de euros por tareas relacionadas con SAP y gestión de personal. Entre las irregularidades denunciadas figuran supuestos trabajos ficticios, como el cobro de 3.000 euros por digitalizar un expediente simple, o la asignación de más de 142.000 euros a un trabajador cuyo sueldo real estaría valorado en apenas 30.000. El cálculo estimado de sobrecostes asciende a 3,3 millones.
También aparece señalada Zeus SL, creada por un exdirector técnico —amigo íntimo de Juan Arroyo— que habría ganado de manera continuada quince contratos por valor de 5,2 millones de euros, pese a su presunta falta de experiencia en el ámbito tecnológico. La denuncia estima en 1,4 millones los sobrecostes generados por estas adjudicaciones.
La tercera empresa afectada es Alaos ITL SL, vinculada a antiguos compañeros del CNIO, que recibió contratos de servicios de almacenamiento y esterilización con sobreprecios calculados en 1,3 millones de euros.
Un golpe directo a la investigación contra el cáncer
Más allá de las cifras, la denuncia pone el foco en una cuestión aún más grave: la posible desviación de recursos imprescindibles para la investigación biomédica. Según los denunciantes, millones de euros que debían destinarse a proyectos científicos, equipamiento o contratación de personal investigador habrían acabado absorbiéndose en sobrecostes y contratos irregulares. El documento incluye testimonios que alertan sobre prácticas “que no se hacen en ningún otro centro de Europa”, lo que añade un componente de alarma internacional en un momento en el que España lucha por mantener su competitividad científica.
Mientras la Fiscalía de Madrid evalúa el caso, el CNIO se ha limitado a comunicar que “respeta los procedimientos judiciales”, evitando por ahora cualquier valoración interna. Sin embargo, las destituciones de los denunciantes y la coincidencia temporal con el cambio de dirección han generado interrogantes sobre si se intentó frenar la investigación interna o si el relevo buscaba precisamente depurar responsabilidades.
Un nuevo capítulo tras la tormenta Blasco-Arroyo
La acusación estalla menos de un año después de que el CNIO viviera una fuerte convulsión institucional. En 2024, varios jefes científicos denunciaron el deterioro de la investigación y el estilo de gestión de María Blasco, lo que llevó al patronato a retirarle la confianza. Blasco respondió denunciando acoso y apuntando directamente a Juan Arroyo, a quien señaló como responsable de un clima hostil. Ambos fueron finalmente cesados, aunque Arroyo continuó vinculado al área económica como vicedirector.
En este nuevo escenario, el nombre de Arroyo vuelve a aparecer, esta vez asociado a una denuncia por presunta malversación sistemática. La situación podría reabrir viejas heridas y redibujar por completo el mapa de responsabilidades dentro del centro.
