La Guardia Civil del Puesto de Sanlúcar la Mayor investiga a tres personas residentes en Barcelona y Buñol (Valencia) por su presunta participación en una trama relacionada con delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. Las pesquisas han permitido establecer hasta el momento una cuantía defraudada de 47.000 euros.
La investigación comenzó después de que el representante de una empresa dedicada a la comercialización de viviendas prefabricadas denunciara ante la Guardia Civil el fraude que presuntamente había sufrido. La compañía había intentado comprar varios contenedores utilizados para transporte marítimo y adaptados posteriormente para funcionar como viviendas.
La operación se realizó supuestamente a través de una página web que, en principio, aparentaba ser legal. Sin embargo, los productos adquiridos nunca llegaron a manos del comprador.
A partir de la denuncia, los investigadores reconstruyeron la forma de actuar de los presuntos responsables. Según las pesquisas, utilizaban anuncios falsos publicados en páginas web y perfiles de redes sociales, en los que ofrecían productos por cantidades considerablemente inferiores a las habituales en el mercado. Esos precios despertaban el interés de los potenciales compradores y constituían el primer paso del mecanismo investigado.
Precios muy bajos para captar a los compradores
Una vez que los interesados contactaban con quienes aparecían como representantes de la empresa, comenzaba la siguiente fase. Los presuntos responsables solicitaban cantidades económicas en concepto de reserva y, posteriormente, nuevos pagos destinados a completar la adquisición del producto. El dinero era abonado mediante transferencias bancarias o a través de una plataforma de pago.
El procedimiento investigado no terminaba con la recepción del dinero. Después de cobrar las cantidades solicitadas, los presuntos estafadores comenzaban a presentar diferentes incidencias y circunstancias para justificar por qué los productos supuestamente adquiridos no podían ser entregados.
Las explicaciones se sucedían hasta que finalmente se interrumpía la comunicación. Los sospechosos cesaban cualquier contacto con los perjudicados, según la investigación de la Guardia Civil. De esta forma, el comprador había realizado los pagos correspondientes pero no recibía los contenedores marítimos adaptados como viviendas por los que había abonado el dinero.
La Guardia Civil siguió el recorrido de los 47.000 euros
Uno de los elementos fundamentales de la investigación fue el análisis del movimiento del dinero. Los agentes consiguieron reconstruir la trazabilidad de las cantidades abonadas y estudiaron la operativa bancaria que presuntamente había sido empleada para desarrollar el fraude.
Ese trabajo permitió avanzar en la identificación de los integrantes de la supuesta organización y determinar quién se encontraba detrás de una de las cuentas utilizadas para recibir el dinero. Los investigadores localizaron al beneficiario de la cuenta receptora, una figura denominada en el argot policial «mula».
Según las pesquisas, esta persona participaba en la recepción y disposición del dinero procedente de la estafa. Posteriormente, las cantidades eran enviadas a cuentas situadas en el extranjero. A cambio de participar en estas operaciones, las denominadas mulas recibían pequeños porcentajes económicos. La reconstrucción de estos movimientos financieros permitió a la Guardia Civil avanzar hasta identificar a las tres personas que finalmente han quedado investigadas.
Dos investigados en Barcelona y otro en Buñol
Una vez recopiladas las pruebas y los indicios considerados necesarios, los agentes procedieron a investigar a dos vecinos de Barcelona. Para desarrollar esas actuaciones se solicitó la colaboración de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona. En las pesquisas también participaron agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Buñol, en Valencia, así como ciudadanos de esa localidad.
La investigación ha terminado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de las tres personas investigadas, consideradas presuntas autoras de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. La cuantía atribuida hasta el momento al fraude investigado asciende a 47.000 euros.
El primer caso se detectó en una empresa de Sevilla
Las actuaciones desarrolladas por el Puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor han permitido esclarecer hasta ahora la posible implicación de los investigados en al menos dos hechos delictivos. El primero es precisamente el que dio origen a toda la investigación. La víctima es una empresa situada en la provincia de Sevilla y dedicada al sector de las viviendas prefabricadas.
Su representante había tratado de adquirir varios contenedores marítimos adaptados para ser utilizados como viviendas. La operación se realizó mediante una web que inicialmente parecía legítima y terminó dando lugar a la denuncia que puso en marcha las pesquisas.
A medida que avanzó la investigación, sin embargo, los agentes detectaron que el caso de Sevilla no sería el único relacionado con los sospechosos. La Guardia Civil constató un segundo hecho fraudulento de características similares en la provincia de La Coruña. Hasta este momento, por tanto, los agentes han esclarecido la vinculación de los investigados con al menos esos dos casos.
La investigación permanece abierta
Pese a la identificación de los tres investigados y su puesta a disposición de la autoridad judicial competente, las diligencias continúan abiertas. La investigación no descarta que puedan aparecer nuevos perjudicados ni que se produzcan futuras actuaciones policiales relacionadas con la presunta trama.
El mecanismo reconstruido por la Guardia Civil partía de ofertas publicadas en internet y en perfiles de redes sociales. Los productos eran anunciados a precios sensiblemente inferiores a los de mercado, lo que atraía a potenciales compradores.
Después llegaban las solicitudes de dinero para reservar y adquirir los productos. Los pagos podían realizarse mediante transferencias bancarias o plataformas de pago y, tras recibirlos, comenzaban las supuestas incidencias que retrasaban una entrega que finalmente no se producía. El último paso consistía en cortar las comunicaciones con los compradores.
