El Consell de Ibiza y los cinco ayuntamientos de la isla han acordado exigir al Estado una implicación inmediata ante la proliferación de asentamientos ilegales, muchos de ellos en zonas forestales con riesgo de incendio y condiciones “insalubres e inhumanas”.
La decisión fue anunciada este jueves tras la reunión del Consell d’Alcaldes, en la que se aprobó pedir una reunión urgente con el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.
“El Estado se ha declarado completamente ausente en esta cuestión”, denunció el presidente del Consell, Vicent Marí, quien pidió que se sumen fuerzas y cuerpos de seguridad al dispositivo insular. “No podemos normalizar esta forma de vida que, además, supone un auténtico peligro para el entorno, incluso para la propia vida de quienes malviven en este tipo de infra viviendas. Debemos sumar esfuerzos todos: a los ayuntamientos y al Consell nos encontrará unidos”, advirtió.
Un plan coordinador para combatir la proliferación de asentamientos ilegales era una vieja promesa de Marí. Los últimos recuentos oficiales datan de un año atrás y señalan que en la isla hay 770 personas que viven en este tipo de infraviviendas. Sin embargo, aquella estadística no contaba con el asentamiento de Can Rova. Y, además, en los últimos meses, ayuntamientos han señalado de una proliferación de asentamientos ilegales.
Estrategia turística: delimitar las zonas ‘maduras’
Además, el Consell d’Alcaldes ha dado luz verde a la elaboración de un Documento Estratégico Insular que permita identificar las zonas turísticas saturadas o envejecidas de la isla –conocidas como “zonas maduras”– para facilitar su transformación y reconversión. Esta medida busca acortar trámites y facilitar el acceso a fondos de modernización pública y privada.
“Es una oportunidad para mejorar algunas zonas que han quedado atrasadas en cuanto a oferta turística y que tiene efectos directos con la convivencia de residentes. Este Documento Estratégico nos permitirá establecer un plan de actuación, que contemple algunas medidas urgentes, para regenerar estas zonas”, señaló Marí.
Uso de remanentes y fidelización de empleados públicos
El Consell también acordó reclamar al Ministerio de Hacienda que permita a los ayuntamientos el uso de sus remanentes presupuestarios para inversiones sostenibles y políticas de vivienda. “Son sueldos de todos y cada uno de los vecinos de nuestros municipios, y no tiene ningún sentido que tengan que estar retenidos en un banco sin que puedan servir para mejorar nuestros pueblos, parroquias y ciudades, así como para atender necesidades urgentes, como las de vivienda”, subrayó Marí.
En paralelo, se pedirá al Gobierno central implantar medidas de fidelización para el personal público en Ibiza, como el plus de insularidad y sistemas de puntuación que favorezcan la permanencia, similares a los usados en el País Vasco.
Impulso al cine y al deporte como motor turístico
En materia cultural, los municipios designarán un técnico por ayuntamiento para coordinar los permisos de rodaje en colaboración con la Ibiza Film Commission, con el objetivo de agilizar producciones y fomentar actividad económica fuera de temporada.
Asimismo, se reclamará que las principales pruebas deportivas de la isla sean declaradas de interés turístico autonómico, lo que permitiría acelerar su tramitación administrativa, especialmente ante organismos como la Dirección General de Tráfico.
