El PSOE ha criticado al Ayuntamiento de Ibiza y al Consell de Ibiza por no financiar, ni impulsar, el proyecto de un aparcamiento soterrado con mil plazas que prometió poco antes de las pasadas elecciones en las obras de la E10.
En un comunicado, los representantes del PSOE critican la falta de planificación a largo plazo por parte del actual gobierno y destacan la importancia estratégica del proyecto para la movilidad de la ciudad y la isla en general.
El PSOE sostiene que la omisión del aparcamiento soterrado es una «oportunidad perdida» para abordar la creciente demanda de espacios para estacionar que hay en la ciudad de Ibiza ante el riesgo de que desaparezcan los estacionamientos disuasorios ubicados en terrenos privados.
El comunicado también señala que, en lugar de seguir la propuesta del PSOE, el Partido Popular planea enfocarse en reparar la parte superior de la E10 para conectar barrios, sin abordar las necesidades de estacionamiento planteadas.
Desde la perspectiva del PSOE, el actual proyecto del Partido Popular no satisface las necesidades actuales ni futuras de la ciudad. Acusan al actual líder del Consell Insular, Vicent Marí, de adherirse a proyectos sin considerar las necesidades reales de Ibiza.
El PSOE no logró ejecutar este proyecto mientras eran Gobierno
Durante su mandato, el PSOE tuvo la oportunidad de impulsar el proyecto del aparcamiento en la E10, que ahora reclaman como prioritario, pero no lo hizo.
En los últimos momentos de su gestión, el partido decidió incluir el aparcamiento en el proyecto de reconversión de la E10, declarado prioritario por el Govern de cara a obtener fondos Next Generation que, sin embargo, nunca fueron confirmados, tal como comprobó el Partido Popular al acceder al Govern.
El gobierno de Rafa Ruiz disponía de fondos provenientes de la Ley de Capitalidad para redactar el proyecto de la E10 con el aparcamiento subterráneo y finalmente ni tan siquiera llegó a publicar las bases para adjudicar los trabajos de redacción.
El Partido Popular ha retomado el proyecto que históricamente habían consensuada ambas administraciones para evitar dilatar su ejecución.
