EMBARCACIONES

Versiones enfrentadas sobre el airbnb náutico: el PSIB anuncia una excepción y el Govern lo desmiente

La diputada socialista Milena Herrera aseguró haber pactado con el Ministerio de Transportes que Baleares quede fuera de la nueva normativa, pero el Govern afirma que desconocía el acuerdo y el PP pone en duda su existencia.

Cruces por el Airbnb náutico.
Cruces por el Airbnb náutico. La diputada del PSIB, Milena Herrera, y el El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

La entrada en vigor, el próximo 15 de agosto, de una normativa estatal que permitirá el alquiler de embarcaciones particulares durante tres meses al año ha generado un fuerte cruce de versiones entre el PSIB, por un lado, y el Govern balear y el Partido Popular, por el otro, acerca de qué pasará en Baleares con esta normativa, resistida en todo el archipiélago.

Cuál fue el inesperado anuncio del PSIB

La diputada socialista Milena Herrera aseguró este lunes que el PSIB ha conseguido que el Ministerio de Transportes excluya a Baleares del real decreto que regula el alquiler de barcos privados. Según explicó en rueda de prensa, la medida forma parte de las negociaciones con el Ministerio y responde a la “enorme saturación turística” que afecta al archipiélago.

Herrera afirmó que el Ministerio ha expresado su compromiso de incorporar un régimen específico para territorios como Baleares antes del inicio de la temporada turística de 2026. “Hemos trabajado para evitar que una normativa pensada para todo el Estado genere más presión sobre nuestras costas”, indicó.

En la misma línea, el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, defendió que el acuerdo hace innecesaria la reunión de la Mesa Náutica convocada por el Govern para abordar el decreto, e instó al Ejecutivo de Marga Prohens a centrarse en cuestiones que sí son de su competencia, como el conflicto laboral del transporte público.

Qué ha dicho el Govern

Pocas horas después del anuncio del PSIB, fuentes de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua negaron haber tenido conocimiento del supuesto acuerdo. Según explicaron, la intervención de Herrera fue la primera noticia que recibían sobre una posible exclusión del decreto estatal.

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El Ejecutivo autonómico recordó que, en respuesta a la normativa estatal, ya dictó una resolución para impedir el uso lucrativo de amarres privados en puertos de gestión autonómica, una decisión que sí está en vigor. Además, está prevista una reunión de la Mesa del Sector Náutico para abordar la situación actual y definir futuras actuaciones, independientemente de los anuncios del PSIB.

próxima temporada turística, tal como sostiene el PSIB.

Por ahora, no se ha publicado ninguna disposición legal que modifique el texto aprobado y, según el Govern, tampoco se ha informado oficialmente de ningún cambio por parte del Ministerio de Transportes.

La Voz de Ibiza consultó al Ministerio de Transportes para saber de esta posible excepción anunciada por el PSIB, pero aún no obtuvo respuestas.

Qué ha dicho el PP

Por su parte, el diputado del PP balear, Sebastià Mesquida, expresó su escepticismo respecto al anuncio de los socialistas y cuestionó la fiabilidad del supuesto compromiso con el Ministerio de Transportes. “La realidad es que la normativa, publicada en el BOE, permite a partir del 15 de agosto el alquiler de embarcaciones particulares también en Baleares”, sostuvo.

Mesquida acusó al PSIB de haber reaccionado tarde y de intentar ahora “lavarle la cara” al Gobierno de Sánchez, al anunciar un acuerdo que, según dijo, no se traduce en ninguna medida vigente. “Después de semanas de silencio, se despiertan hablando de compromisos futuros, cuando la normativa ya está aprobada”, señaló.

El parlamentario popular insistió en que la única garantía para frenar la saturación del litoral es la acción del Govern de Marga Prohens, y no las promesas del Ejecutivo central.

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Mesa Náutica y medidas autonómicas

Mientras tanto, el Govern mantiene la convocatoria para este martes de la Mesa Náutica, en la que está previsto analizar los efectos de la nueva normativa estatal y estudiar posibles medidas adicionales desde el ámbito autonómico.

En este contexto, la incertidumbre sigue vigente sobre si la aplicación del real decreto tendrá impacto efectivo en Baleares a partir del 15 de agosto o si se concretará alguna excepción reglamentaria antes de la

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