La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha anunciado este martes que el Ejecutivo impulsará una reforma urgente del decreto autonómico del chárter náutico para prohibir el alquiler turístico de embarcaciones particulares. La medida pretende bloquear en Baleares los efectos de la nueva normativa estatal, que permitiría este tipo de alquiler durante tres meses al año a partir de mediados de agosto.
«Hoy hemos dado un paso más», ha dicho Prohens tras la celebración de una sesión extraordinaria de la mesa náutica en la que se ha abordado el rechazo generalizado del sector a la normativa estatal. La presidenta ha asegurado que el decreto irá al Consell de Govern este viernes, con el objetivo de dejar sin efecto la norma nacional en aguas del archipiélago.
“Una vez escuchado al sector, este viernes llevaremos al Consell de Govern una modificación del decreto de chárter que prohibirá el alquiler turístico de embarcaciones particulares en Baleares”, ha subrayado la dirigente autonómica.
El anuncio se ha producido tras una reunión extraordinaria de la mesa náutica, donde, según Prohens, quedó patente el rechazo unánime del sector a la medida impulsada por el Gobierno central.
En qué consiste la medida
Según ha adelantado el Govern, el nuevo decreto tendrá efecto inmediato y mantendrá el arrendamiento limitado a embarcaciones de la lista sexta, excluyendo las de lista séptima, incluso si solicitan un cambio temporal a uso comercial. La presidenta ha defendido que esta medida preserva el marco fiscal, operativo y jurídico diferenciado entre usos privados y profesionales, y ha subrayado que su Gobierno no permitirá que el Ejecutivo central “imponga un modelo que ignora la realidad insular”.
El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, ha explicado que el nuevo texto clarificará la normativa autonómica y reforzará la capacidad de respuesta ante decisiones del Estado. En él se especificará expresamente que no se permite el alquiler turístico de embarcaciones privadas con cambio temporal de uso.
Segunda medida
Esta será la segunda acción legal del Govern balear para frenar el llamado airbnb náutico que impulsa el Gobierno central. La primera fue la orden dictada la semana pasada que vetó el uso comercial de los amarres de gestión autonómica reservados a embarcaciones privadas.
PortsIB ha emitido una resolución que prohíbe el uso comercial de amarres concedidos para uso particular en puertos autonómicos. Esta medida incluye sanciones y la posible revocación de autorizaciones.
Además, PortsIB ha solicitado a las concesionarias de puertos en gestión indirecta que, en un plazo máximo de diez días, entreguen un informe con la distribución de amarres por uso, diferenciando entre sociales y comerciales.
La decisión llega en un clima de máxima tensión política e institucional por este asunto. Diversos ayuntamientos y el Consell de Ibiza ya habían manifestado su oposición frontal a lo que consideran una “imposición del Gobierno central” que vulnera las competencias autonómicas y pone en riesgo el modelo turístico balear.
Qué dice el sector náutico del decreto
Prohens ha recalcado que la nueva norma estatal no solo genera “inseguridad jurídica”, sino que rompe el consenso existente en las islas sobre cómo debe desarrollarse la actividad náutica turística. “La inmensa mayoría del sector balear ha rechazado esta imposición”, ha asegurado.
El Govern defiende que su normativa, vigente hasta ahora, garantiza el control del impacto ambiental y económico del alquiler turístico en el mar, especialmente en puertos y zonas protegidas. El temor es que con la norma estatal se produzca una liberalización incontrolada del sector, similar a la vivida con las viviendas de alquiler turístico hace una década.
Críticas a la norma estatal
Prohens ha reiterado que no aceptará un modelo que “compromete la sostenibilidad ambiental y la seguridad marítima”, y ha dejado claro que “en Baleares, el alquiler turístico de embarcaciones privadas no tendrá cabida”.
La líder del Ejecutivo autonómico también ha respondido al anuncio del PSIB, que aseguró haber conseguido el compromiso del Ministerio para excluir a Baleares de la normativa estatal. “No hemos recibido comunicación oficial y el BOE no recoge ninguna excepción”, ha dicho.
En cualquier caso, ha señalado que preguntará directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien se reunirá esta tarde. “Si lo que dijo el PSIB es cierto, el decreto del Govern seguirá teniendo efecto inmediato”, ha afirmado.
Por otro lado, ha criticado a los socialistas por actuar de forma distinta cuando gobiernan que cuando están en la oposición. “Ahora que gobiernan en España, vemos cuáles son los hechos: este intento de convertir el mar en un gran Airbnb”, ha zanjado.
