Colchones, amianto y camiones sin descanso: lo que dejó el asentamiento ilegal de Can Rova 2 en Ibiza

El operativo de desalojo y limpieza del asentamiento ilegal de Can Rova 2, en el municipio de Santa Eulària des Riu, se ejecutó entre el 15 y el 22 de julio tras una orden judicial. En total, se retiraron 919.384 kilos de residuos acumulados, lo que ha permitido recuperar un espacio de alto valor medioambiental y eliminar un punto crítico por su impacto y peligrosidad.

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Desalojo judicial y desmantelamiento coordinado

Una vez ejecutado el desalojo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ayuntamiento de Santa Eulària coordinó un dispositivo logístico con maquinaria pesada y operarios especializados para demoler las infraviviendas y clasificar los residuos conforme a su peligrosidad.

Según informó el Consistorio, los trabajos se centraron en una finca ocupada ilegalmente que generaba un grave problema ambiental y de seguridad. El operativo estuvo coordinado por la Policía Local e implicó a varias empresas locales bajo la supervisión municipal.

Maquinaria pesada y reciclaje selectivo

Durante la semana de trabajos se emplearon hasta cuatro retroexcavadoras y diez camiones diarios, gestionados por un equipo de 18 operarios. Los residuos fueron transportados a las plantas de Santa Bárbara, Herbusa y Ca na Negreta, de acuerdo con los protocolos de tratamiento de residuos.

Entre los materiales retirados destacan cerca de 300 toneladas de residuos no peligrosos, como maderas y textiles, y más de 612 toneladas de escombros procedentes de construcciones y demoliciones.

Retirada de residuos peligrosos y vehículos abandonados

El Ayuntamiento informó de la eliminación de más de 300 kilos de materiales peligrosos, incluyendo dos depósitos de uralita con amianto, 132 kilogramos de baterías de plomo y una veintena de envases de butano y propano. También se retiraron 265 kilos de tela asfáltica, cuatro turismos, un camión, media tonelada de neumáticos y 108 colchones.

Asimismo, durante el proceso se vaciaron y gestionaron diversas fosas sépticas halladas en la zona, lo que contribuyó a restituir las condiciones higiénico-sanitarias del entorno.

¿Quién pagará el operativo?

El Consistorio anunció que se elaborará un informe económico detallando el coste del operativo, que será repercutido a la propiedad legal de la finca ocupada ilegalmente. Esta actuación forma parte de una política municipal más amplia para combatir los asentamientos ilegales y preservar el medioambiente en el municipio.

“Este operativo no solo ha permitido eliminar un grave foco de residuos, sino que también ha devuelto al entorno natural un espacio que estaba completamente degradado”, ha señalado una fuente municipal.