El Ayuntamiento de Santa Eulària ha activado un amplio dispositivo de atención social tras el desalojo del asentamiento de Can Rova 2. Según datos municipales, 77 personas han acudido a Servicios Sociales en busca de ayuda, entre ellas 28 mujeres (cuatro embarazadas), 36 hombres, 11 menores, una persona mayor de 65 años y otra con necesidad de atención sanitaria.
De todas ellas, nueve familias han sido ya reubicadas en diferentes modalidades de alojamiento, desde hostales y campings hasta plazas en centros de acogida. En algunos casos, se ha ofrecido apoyo económico para facilitar la entrada a viviendas de alquiler.
Qué dice el Ayuntamiento
El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, ha destacado que el departamento de Bienestar Social ha sido reforzado para poder atender a todos los solicitantes. Actualmente, el centro de acogida de Nazaret alberga a cuatro madres con sus hijos, y se estudian medidas adicionales para las personas que podrían regresar a la Península. Según el Ayuntamiento, nadie que haya solicitado ayuda ha quedado sin respuesta.
Crisis habitacional sin tregua
Este episodio vuelve a poner en primer plano la crisis de vivienda que sufre la isla, una problemática estructural que La Voz de Ibiza viene documentando desde hace meses. Como ya se ha visto con el crecimiento de otros asentamientos como Can Rova 3, la falta de alquileres asequibles y la precariedad laboral fuerzan a decenas de personas a vivir en condiciones de emergencia, muchas veces invisibilizadas hasta que la intervención pública lo hace inevitable.
Cuántas toneladas de residuos se retiraron
Además de la intervención social, el Consistorio ha iniciado la limpieza del solar, donde ya se han retirado más de 100 toneladas de residuos, aunque todavía queda una cantidad similar por extraer. Parte de los desechos incluye materiales peligrosos como uralitas y fosas sépticas sin sellar.
El desalojo fue autorizado judicialmente mediante una medida cautelarísima solicitada por el Ayuntamiento: una vía legal que permite actuar sin audiencia previa cuando hay riesgo grave para la salud o seguridad pública, como era el caso, debido al uso de materiales inflamables y la carencia total de condiciones sanitarias.
